Trece millones de euros costará la consulta soberanista que Artur Mas ha convocado, pese a las reiteradas amenazas del Gobierno central, para el próximo 9 de noviembre. Trece millones no es mucho dinero si con esa cantidad se resuelve de una vez la cuestión catalana. Sin embargo, mucho nos tememos que con referéndum secesionista o sin él las cosas van a ir a peor. Lo único que se conseguirá es aumentar la crispación pese a que actualmente ya está a un nivel insostenible. Insufrible por ambas partes para lo que debe ser una convivencia democrática y una concordia social que constituyen los ingredientes esenciales para salir de una crisis económica y social que España continúa sin superar. En este caso, esos trece millones de euros son mucho dinero, al igual que constituye un despilfarro imperdonable -a la vista de las carencias que sufren muchísimos ciudadanos, también en Cataluña- lo que ha gastado la Generalitat a lo largo de este proceso vindicativo de la identidad nacional catalana.

Para hoy lunes está previsto que se reúna el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria para tomar medidas con el órdago de Mas. El mismo sábado, poco después de que el presidente de la Generalitat firmase el decreto de la consulta, la vicepresidenta del Ejecutivo central reiteraba, en calidad de presidenta en funciones ante la ausencia de Rajoy por su viaje a China, que esa consulta jamás se celebrará. En estas Islas, a 2.000 kilómetros de la capital española, nos preguntamos qué hará el Gobierno de España para hacer cumplir tan contundente decisión. Lo de aplicar la ley ya lo sabemos porque nos lo han dicho muchas veces. Estamos a la espera, por una simple cuestión de curiosidad, de que nos digan cómo van a conseguir ese cumplimiento. Incluso si se opta por la suspensión de la autonomía y la detención, llegado el caso, del señor Mas y los consejeros de su Gobierno para ser juzgados por desobediencia, ¿qué cuerpo o fuerzas de seguridad llevarían a cabo esta tarea? ¿La Policía Nacional? ¿La Guardia Civil? ¿Los propios Mozos de Escuadra?

A poco que lo pensemos, esto solo cabe calificarlo de locura monumental. Un desvarío del que está pendiente Europa, una vez superado el susto del referéndum escocés, aunque España y Cataluña están en el punto de mira no únicamente de Europa sino también en el de países que no forman parte del Viejo Continente pero que aun así ven con manifiesta preocupación todo proceso desestabilizador de una nación occidental. Una locura que se ha ido gestando a lo largo de treinta y tantos años porque no podemos olvidar que el 91 por ciento de los catalanes, tres puntos por encima de la media estatal, votaron a favor de la actual Constitución española cuando fue sometida a referéndum en 1978. En Canarias también fue mayoritario el voto a favor de la Constitución, con un 93,6 por ciento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y un 91,3 en Las Palmas. Las circunstancias han cambiado desde entonces. Es posible que la Carta Magna requiera algunos cambios para dar encaje a la situación de Cataluña... y también de Canarias porque, puestos a comparar, existen muchísimos más motivos para que estas Islas tengan un estatus diferenciado dentro del Estado español, que los existentes para una clara especificidad regional de Cataluña o el País Vasco. En primer lugar, porque estos territorios forman parte, físicamente hablando, de la Península ibérica, mientras que Canarias está a 1.400 kilómetros de distancia de sus costas y en otro continente. De hecho, la Unión Europea les reconoce a nuestras Islas la condición de región ultraperiférica, pero España se niega a ello.

Más allá de estas consideraciones, unos y otros deberían pensar en lo que ha podido ocurrir durante 36 años transcurridos desde que se aprobó la Constitución para que se hayan radicalizado tanto algunas posturas en Cataluña. No olvidemos que Cameron convocó el referéndum sobre la independencia de Escocia como gesto de fuerza, pues no quería hacerle concesiones autonómicas a ese país. Al final ha tenido que darles más de lo que pedían inicialmente los escoceses para no pasar a la historia como el premier que desmembró el Reino Unido. ¿Será recordado Rajoy como el presidente bajo cuyo mandato se consumó la ruptura de España?

La lección de este -insistimos- desquiciado y desquiciante proceso es la importancia de sentarse a negociar. Un mal acuerdo siempre es preferible al mejor de los pleitos. Algo que también vale para Canarias, teniendo en cuenta que aquí también está en marcha una consulta igualmente tachada de ilegal por el Gobierno de Madrid.