Insiste Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, en denunciar que los presupuestos del Estado para 2015 dañan el gasto social y perjudican la recuperación de Canarias. Son muchas las cosas que perjudican la recuperación de estas slas; muchos los elementos, empezando por la mala gestión política, que nos mantienen en ese pozo de miseria al que siempre nos referimos. Sin embargo, más vale tarde que nunca. González Ortiz no es un consejero más del Gobierno autonómico. Es la mano derecha del presidente; su hombre de confianza. El político, además, que maneja los dineros públicos de este Archipiélago. Por eso nos alegramos de que tanto él como su jefe se hayan dado cuenta de cuan inútiles son las actitudes condescendientes, por no decir sumisas, con los gobernantes del Estado. Niño que no llora, ya se sabe. A lo mejor lo que nos ha faltado durante todos estos años ha sido protestar con la misma contundencia con la que lo han hecho, por ejemplo, los catalanes. Sin violencia, porque la violencia no es el camino adecuado para nada, pero sí con determinación y con el firme deseo de no dar un paso atrás, se ponga como se ponga el Tribunal Constitucional. No estamos apoyando secesionismos que nos parecen fuera de lugar -la solución que necesitan España y Europa no son los independentismos regionales-, pero sí citando un ejemplo adecuado de lo que deben ser esas políticas reivindicativas de las que carecemos en Canarias. En cualquier caso, nos alegra comprobar que no hemos andado errados en nuestros comentarios y editoriales al tachar de colonialista el trato recibido por el Gobierno central no solo en los últimos años, sino desde hace más tiempo.

Dice Javier González Ortiz que el Gobierno de España ha perdido su oportunidad de demostrar su compromiso con las slas al reparar esa diferencia de 800 millones de euros que recibe el Archipiélago si tenemos en cuenta la cantidad que realmente nos correspondería. Ahora nos maltrata Rajoy y antes nos engañó Zapatero con las aguas canarias y con esos 25.000 millones de euros para inversiones, de los que jamás hemos visto un céntimo. La pregunta sigue siendo la de todos los días: ¿quién tiene la culpa de esto?

Decíamos en nuestro comentario de ayer que ese incremento de solo el 2,6% en la inversión directa que realiza el Estado en Canarias es una cantidad ridícula en comparación con otras comunidades autónomas. No se trata ya de que nos quedemos muy lejos del 88% de aumento que se va a producir en Baleares, como también destacábamos ayer; es que ni siquiera estamos disminuyendo el 51% de la merma que han sufrido dichas inversiones en las slas durante los últimos años, según el propio consejero regional de Economía. Otra tomadura de pelo son los 54 millones consignados para la financiación de carreteras, cuando el Gobierno de Rajoy se había comprometido a invertir 220 millones de euros.

Sin necesidad de llegar hasta el final de la lista de agravios que ha citado González Ortiz, todo esto invita a pensar en unos presupuestos del Estado elaborados con criterios estrictamente electorales. Canarias, una comunidad autónoma en la que el PP tiene pocas posibilidades de gobernar en la próxima legislatura aunque gane las elecciones de mayo, resulta menos interesante que otras actualmente con un gobierno de ese partido o con posibilidades de pasar al haber de los populares. Malo si los tiros van por ahí porque el batacazo del PP en este Archipiélago sería monumental, considerando que las prospecciones petrolíferas -un asunto astutamente manejado por Rivero y su equipo para ganarse el favor de la población- le están haciendo mucho daño a Soria y a su partido.

Acabamos con un tema inquietante, como lo es la convulsión del sector vitivinícola de Tenerife desde que se dio a conocer la noticia de que Bodegas nsulares, una empresa cuyo accionista principal es el Cabildo de Tenerife, ha estado importando vino peninsular. Consideran los viticultores que estamos ante un claro caso de competencia desleal, agravado por el hecho de que la Corporación insular entró en esta empresa para ayudar al sector. Al final nos reiteramos en lo siempre dicho: los organismos públicos deben crear las condiciones para que prospere el sector privado, en vez de constituir empresas que a la larga resulten competitivas para muchas actividades económicas que se sostienen a duras penas. Un entramado de empresas públicas, la mayoría deficitarias, cuyo desmantelamiento ha comenzado en parte. Urge que el presidente Carlos Alonso lo complete cuanto antes.