Para una ciudad edificada entre barrancos, la amenaza constante de desbordamiento por un aluvión incontrolado es una amenaza latente que, por sus ciclos de letargo, hace bajar la guardia a quienes tienen la obligación de prevenirlo. La intrahistoria ciudadana ha dejado impresa en multitud de ocasiones las crecidas circunstanciales de los barrancos, espoleados por la propia dejación al obturarlos -y no limpiarlos- con toda clase de desechos orgánicos o materiales. Y si en un principio el habitante adaptó su convivencia con su topografía, imitando los usos y costumbres de los primitivos aborígenes, más tarde, al producirse la lógica expansión de la ciudad y amparados por los, a veces erróneos, conocimientos técnicos, los propios mandatarios dieron sucesivamente luz verde a proyectos que fueron mermando, cuando no tapando, los barranquillos que, como los afluentes de un río importante, vertían sus aguas en los mayores en su trayecto y desembocadura en el mar.
Mucho se ha construido desde entonces, modificando para ello la trayectoria natural de muchos de ellos, olvidando -tal vez por buscar el beneficio económico o político inmediato- las consecuencias derivadas de una tormenta inesperada, favorecida por el desnivel natural del terreno. Una inclinación que a lo largo de los años, repetimos, se ha tapizado con el asfalto impermeable de sus calles, casi siempre escasas de imbornales y sumideros de desagüe. Es por ello que las aguas, apoyadas por la citada inclinación y ante un fenómeno meteorológico, discurran imparables inundando y arrollando todo a su paso; dejando no sólo un saldo de pérdidas materiales, sino también humanas, como la víctima del pasado domingo.
Y si la memoria colectiva aún recuerda la tragedia del 31 de marzo de 2002, con la pérdida de ocho vidas, resulta inadmisible que la desmemoria de las administraciones y sus representantes no haya paliado de una forma más eficaz las irregularidades cometidas a lo largo de este histórico abandono. Preguntar a estas alturas quién o quiénes autorizaron la construcción de edificios junto a los cauces naturales de los barrancos, o quiénes los estrecharon indebidamente para ganar espacio público o privado resultaría baladí. Simplemente porque las responsabilidades habrán prescrito o porque a la hora de denunciar cada uno hace de su capa un sayo para impermeabilizarse ante una previsible acusación de culpabilidad.
Basta con leer las informaciones en los periódicos locales para ver cómo cada representante u organismo público enmascara sus errores devolviendo las flechas de las críticas hacia otras administraciones, o culpando de escasez de medios y carencia de ayudas para paliar estas tragedias colectivas; algunas de ellas con carácter recurrente para familias que ahora se ven abocadas a empezar desde cero para reponer su maltrecha economía. Ahí están los ejemplos del barrio de La Salud y su arteria principal, la avenida de Venezuela; o los daños recurrentes en el litoral del barrio de San Andrés, acosado al frente por las pleamares y en su retaguardia por los desbordamientos de los barrancos de El Cercado y Las Huertas, con el consiguiente cierre de viviendas y locales de restauración. Tampoco podremos obviar las pérdidas de vehículos estacionados en la vía pública o en garajes situados bajo el nivel de la calle, y también de cierres puntuales en centros escolares o sanitarios, como fue el caso del ambulatorio Dr .Guigou (antiguo Hospitalito), aquejado de defectos de permeabilidad en el techo, pese a su relativa reciente construcción.
Ahora ya, recuperada la calma y aunque sea inútil denunciarlo, es tiempo de reparar lo dañado y minimizar las posibilidades ante otra repetición -que la habrá y seguirá habiendo- en una ciudad, e isla, inclinada, atravesada por barrancos y mártir de sus propios errores administrativos del pasado y, lo que es aún peor, del presente. Menos mal que nos queda el consuelo de las cercanas elecciones, que agilizarán, sin duda, los trámites de las emergencias, empezando por las ayudas de las familias, víctimas de pérdidas materiales. Que así sea.
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