Decíamos hace unos días que no hace falta viajar al vecino continente africano para encontrar personas que pasan hambre. Las hay, y muchas, aquí mismo, en nuestras Islas; casi a la puerta de nuestras casas. A tanto ha llegado el estado de necesidad en nuestras Islas que muchos niños han de ser alimentados en las escuelas. e igual forma, no hay que trasladarse a Madrid, ciudad que nos sigue quedando a 2.000 kilómetros de distancia, para encontrar sonados casos de corrupción. O de estafa, que es una forma de corrupción, pese a que el Código Penal distingue entre una cosa y otra.

Ayer, lunes, mientras la prensa española daba cuenta del escándalo que supone la detención de 51 personas presuntamente implicadas en esos citados delitos de corrupción, en Santa Cruz de Tenerife se celebraba una rueda de prensa en la cual la consejera de Acción Social del Cabildo, Cristina Valido, cifraba en unos 600.000 euros la cantidad sustraída de la Sociedad Insular para la Promoción de Personas con iscapacidad, conocida como Sinpromi, por su director financiero.

Empieza a llover sobre mojado en Tenerife, en Canarias y en España. Volvemos a una frase que repetimos mucho: así no podemos seguir. Pero como nada cambia, como los políticos, tanto los culpables como los honestos -que también los hay y estamos convencidos de que son la inmensa mayoría- actúan como si nada de esto fuese con ellos, al final ese cambio se producirá en forma de cataclismo. No estamos pensando en algaradas violentas, aunque podría haber gravísimos altercados en las calles, como ha sucedido en otros países, porque el pueblo está harto de tanta mamandurria. Más bien se producirá una enorme sacudida política con la irrupción de partidos de nuevo cuño que vienen pisando fuerte. También eso lo hemos dicho varias veces.

¿Qué sucederá si esas formaciones políticas, con una ideología marcadamente radical, adquieren cuotas significativas de poder en las instituciones? ¿Estaremos dentro de unos años como está ahora mismo Venezuela? Nos aterra solo pensarlo porque, no nos llevemos a engaños, más allá de unas ideas suficientemente bonitas para inflamar los corazones, especialmente los de los jóvenes, está una realidad dura: la inestabilidad política conduce a la inestabilidad social, que a su vez es el preludio del caos económico. Un cóctel explosivo que en Canarias cuenta con el combustible añadido de 362.000 parados según la última EPA.

En España se han subsanado en gran medida problemas que siempre fueron seculares. e más de 8.000 muertos anuales en las carreteras hemos pasado a unos 2.000. La cifra aún es pavorosa, pero no tanto como la otra. Unos controles más severos de velocidad y alcoholemia han dado sus resultados. Lo mismo podemos decir de los casos de violencia machista. Aunque persiste el problema -una única mujer asesinada es inasumible-, se ha avanzado mucho en la erradicación de esta lacra. Lo mismo podemos decir de las políticas de igualdad y de no exclusión. Queda bastante por hacer, pero también es mucho lo que se ha conseguido.

Con la corrupción se impone una acción igual de contundente sustentada en la tolerancia cero. Un político imputado, simplemente imputado, debe cesar en su cargo y abandonar la militancia en su partido hasta que se aclare su situación. No podemos caer en triquiñuelas legales para que un alcalde sospechoso de haber cometido un delito, incluso con sentencia condenatoria aunque todavía no firme en virtud de oportunos recursos a instancias superiores, siga en su cargo. Y aquí, en Tenerife, hay un alcalde que sigue en su cargo después de haber sufrido una condena por conducir en un contrastado estado de embriaguez. Y otro concejal, de otro municipio, que todavía tiene pendiente justificar miles de euros en la factura del teléfono corporativo. ¿Y qué decir de los usuarios de las tarjetas opacas? ¿O del caso Bárcenas? ¿O del pago en B de parte de unas obras en la sede central del PP? ¿O de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía? Porque aquí no se libra ninguna fuerza política de albergar a corruptos, presuntos o condenados, en sus filas.

Sentimos sana envidia de otros países, como Estados Unidos, en los que un cargo público no puede recibir, bajo ninguna circunstancia, un regalo que supere en valor los 25 dólares. Países en los que las oficinas públicas han de justificar la compra de hasta una simple hoja de papel. La misma situación que encontramos en la mayoría de las naciones europeas. Sin embargo, no caigamos en el error de culpar de todo a los políticos. En los países democráticos los políticos son elegidos por el pueblo. Tenemos en nuestras manos apartar a esa morralla del poder en las próximas elecciones, o mantenerla.

En contra de lo que pueda parecer, los malos no son la mayoría. Son pocos, pero hacen mucho daño. Un puñado de desalmados, de ladrones que piensan que el erario les pertenece por la circunstancia de que han sido elegidos para desempeñar un cargo durante cuatro años, son capaces de poner en entredicho la respetabilidad de miles y miles de políticos honrados. eben tomar buena cuenta de esto las respectivas cúpulas de los partidos. Empezando por el PP -aunque no es el PP la única formación afectada por el maligno virus de la corrupción-, no se entiende cómo esperó tanto el señor Rajoy para dejar fuera del partido al señor Bárcenas. O cómo no se suspendió de militancia a Rodrigo Rato al momento de citarlo el juez para que depositase una cuantiosa fianza. Esto nos recuerda a los tiempos aciagos del felipismo, con los casos de Corcuera, Barrionuevo y otros dirigentes socialistas relacionados con el escándalo de los fondos reservados. Por no hablar de Luis Roldán, ínclito director general de la Guardia Civil que se apoderó de hasta el dinero de la caja de huérfanos del Cuerpo, pese a lo cual fue defendido por González hasta el último minuto. Y si nos remontamos al no menos escandaloso derrape de la Promotora Social de Viviendas de UGT, caeremos en la cuenta de que no es el entorno socialista el más legitimado para saltar ahora al cuello de los populares.

Huyamos de incurrir una vez más en el conocido "y tú, más". Culpables, insistimos, somos todos: los que se corrompen, los que no los apartan de los partidos ni de los cargos que ocupan inmediatamente hasta que se aclaren las cosas y los que seguimos votando por esos políticos. Culpables pero no en un mismo grado; los que han metido la mano en la caja de todos, los que se han aprovechado de su situación para enriquecerse de forma ilícita, deben dar con sus huesos en la cárcel durante mucho tiempo.

Seis alcaldes detenidos en un solo día dejan en muy mal lugar a la Administración municipal española, con independencia del partido al que pertenecen. No obstante, debemos tener en cuenta que en este país hay más de 8.000 alcaldes, la inmensa mayoría de ellos absolutamente honrados. No todo está perdido. Tan solo son unas cuantas manzanas podridas. Lo que urge es sacarlas cuanto antes de la cesta para que no corrompan a las demás.