Lo adelantábamos ayer a media tarde en nuestra edición digital: Tenerife es la única isla en la que cae la inversión del Gobierno de Canarias en los presupuestos de 2015, al bajar un 2,3% hasta los 82,7 millones. En total, el 17,1% del gasto de capital territorializado, que alcanza los 483 millones; un 15,1% menos que en el ejercicio actual. La disculpa dada por el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, es que se debe hacer un análisis basado en periodos largos, ya que en algunos ejercicios cae la inversión porque finaliza una obra o sube demasiado porque empieza otra. Sea como fuese, en estos presupuestos la más extensa y poblada de las islas se lleva la peor parte.

Ha dejado de importarnos, porque hemos perdido la esperanza de encontrar una solución, que Las Palmas sea la isla favorecida por el PP y el PSOE; dos partidos estatistas que tienen allí su sede regional. También nos parece absurdo que varios consulados mantengan su sede en la llamada capital "grancanaria" pese a que su principal actividad radica en Tenerife. Es el caso, por ejemplo, del Consulado de Rusia, que sigue en Las Palmas pese a que más del 90 por ciento de los ciudadanos de esa nacionalidad que visitan Canarias vengan a Tenerife. Lo que no nos cabe en la cabeza es que CC siga el mismo camino, pese al arraigo tinerfeño de algunos de sus dirigentes. Como decía José Rodríguez, parece que los políticos de esta isla les tienen miedo a los canariones.

Si pasamos a otra mala noticia, nos encontramos con que 16.676 canarios están pendientes del dictamen de reconocimiento del grado de discapacidad necesario para poder acceder a una pensión no contributiva. El tiempo de espera se sitúa alrededor de los veintidós meses, según la Consejería de Políticas Sociales. Hasta que se pasa el reconocimiento y el tribunal determina si una persona está afectada por un grado de minusvalía superior al 65%, no se puede solicitar dicha ayuda por invalidez. Informábamos ayer de que es inconcebible que se produzca este colapso cuando el Gobierno de Canarias no es quien paga las pensiones; solo tiene que tramitarlas para que las abone el Estado.

La misma burocracia -o burrocracia- de siempre. Muchos funcionarios tomándose el cortadito a media mañana mientras la casa sigue patas arriba. A veces, dentro del infortunio que les supone alejarse de sus seres queridos, pensamos que en el fondo son afortunados los jóvenes canarios obligados a emigrar porque, junto con su añorada tierra, dejan atrás la ineficacia, la estupidez y hasta la corrupción de algunos de sus gobernantes. Porque mientras sigue desarrollándose en Madrid la "Operación Púnica", con un continuo desfile por los juzgados -y en algunos casos el ingreso en prisión- de los imputados en esta trama, aquí seguimos conociendo detalles de lo ocurrido en Sinpromi. Desde el primer momento queremos dejar claro que el presunto autor del desfalco -siempre defenderemos la presunción de inocencia hasta que se produzca una sentencia firme- no es ningún Robin Hood, como se ha dicho, sino una persona que, de sustantivarse las acusaciones en su contra, no ha tenido el menor reparo en apropiarse de un dinero destinado al empleo de los minusválidos; es decir, de un grupo de personas en gran parte desvalidas. No estamos ante un delincuente bueno que roba a los ricos para socorrer a los pobres, sino ante alguien que no ha dudado en hacer peligrar un proyecto modélico para lucrarse personalmente.

Aplaudimos la pronta y adecuada reacción del Cabildo pero echamos en falta alguna dimisión. La cantidad sustraída es demasiado elevada. Si ha pasado desapercibida durante tanto tiempo -la expoliación no se produjo en un día o en una semana- es porque han fallado los mecanismos de control. No basta con señalar al presunto ladrón y llevarlo ante los tribunales. Hay que buscar a los responsables de que esos mecanismos de control existentes en cualquier administración pública no hayan funcionado. Por lo demás, compartimos la opinión de que esta persona no debería estar en libertad por la alarma social que ha causado su forma de proceder.

También nos llegaba ayer la noticia de que el Cabildo de Tenerife ha iniciado una investigación tras detectar irregularidades en el área de Carreteras que podrían derivar en responsabilidades jurídicas. ¿Cuántas cosas nos quedan todavía por descubrir?