Hay iniciativas parlamentarias que, además de la cuestión técnica, pueden significar mucho en lo personal, cuando mueven sentimientos y vivencias que nos identifican con ellas. Hoy les hablo de un proyecto de ley en el que he venido participando como ponente en representación del PSOE desde hace unos meses en el Senado, que culminó finalmente este jueves en el Pleno, en el que defendí 42 enmiendas con el objetivo principal de proponer mejoras, fundamentalmente para disponer de una escala única que consiga integrar y homogeneizar formación, gestión y eficiencia de los recursos humanos en el Cuerpo de la Guardia Civil.

Se trata del proyecto, que ya es ley, del Régimen del Personal de la Guardia Civil, sobre el que permítanme trasladar el agradecimiento a mi grupo por representarlo en una cuestión de gran trascendencia para una institución, en cuyas casas cuarteles nací y pasé gran parte de mi vida, dado que mi padre fue guardia civil. Unas casas cuarteles en las que, a pesar de la pobreza de medios, la convivencia nada fácil y rígida, la labor tan controvertida en una época complicada al servicio de un régimen dictatorial, sin embargo respiré humanidad, sentí el cariño entre las familias de los guardias y me sentí, como nos educaron y decían entonces, hijo del Cuerpo. Y todavía hoy, cuando veo el tricornio, recuerdo con mucho amor la figura honorable de mi padre y la abnegación de mi madre.

La Guardia Civil, fundada por eI duque de Ahumada el 13 de mayo de 1844, tiene 170 años, es un cuerpo de seguridad del Estado de naturaleza militar al que la Constitución fija la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana, bajo la dependencia del Gobierno, por un lado del Ministerio del Interior en cuanto a servicios, retribuciones, destinos y medios, y del Ministerio de Defensa en cuanto a ascensos y misiones de carácter militar, disponiendo de unos 84.500 guardias en toda España, contando en Canarias con más de 3.600.

El texto del Proyecto de Ley remitido inicialmente por el Gobierno mejoró a su paso por el Congreso de los Diputados, gracias, en gran parte, a los acuerdos en torno a 20 enmiendas del Grupo Socialista, siendo muy significativo el de integrar en una única escala a las actualmente existentes, la de los guardias civiles que han pasado por la Academia General Militar de Zaragoza y la de quienes no. Otros acuerdos no fueron posibles con el PP, y de hecho en la reuniones previas al pleno en la Ponencia y Comisión de Interior se evidenció la lejanía de nuestros objetivos con la rigidez del PP en cuestiones trascendentales, como ahora veremos, que intentamos negociar hasta el último momento, sin que fuera posible, como la fecha de integración de las escalas de oficiales, que propusimos el 1 de julio de 2016 y no retrasarlo al 2017, como se empeña el Gobierno. Además, había que dotar de seguridad jurídica a los oficiales de la escala de facultativos, enmienda que también rechazó el PP.

Y si bien valoramos positivamente un cambio en el texto inicial respecto a la previsión de que dicha integración pudiera hacerse desde el empleo de capitán, sin embargo, asumiendo la tesis del Grupo Socialista, vía enmienda, se aceptó que se hiciera desde el grado de teniente. También estamos satisfechos al lograr otros objetivos, como la mejora de la situación de las mujeres, la elevación a 40 años de la edad tope para ingresar en el Cuerpo, que hasta ahora era 30, y propusimos que se dé una mayor participación, sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales, a las diferentes asociaciones representativas de guardias civiles, aprobadas en 2007 por el Gobierno socialista. Con otras enmiendas, como las relacionadas con un código de conducta acorde con los tiempos actuales y no conservando ciertos matices preconstitucionales, tratamos de consolidar el equilibrio entre "Cuerpo de Seguridad del Estado" y "naturaleza militar".

Importante también otra enmienda relativa al ascenso de alféreces, pues, teniendo en cuenta que ese empleo desaparece, propusimos que pueda permitirse a quienes hayan estado dos años en ese empleo que puedan ascender a teniente, pero la inflexibilidad del PP ha hecho que los alféreces queden en un limbo existencial. Otras se refieren a la necesidad de más equilibrio de género, teniendo en cuenta que sólo un 6% son mujeres, más de cinco mil en distintas escalas y empleos, 3% oficiales, 2% suboficiales y 8% cabos y guardias. Tuvimos que votar en contra, la ley salió adelante solo con los votos del PP, y quedó en evidencia su necesidad de mejora en cuanto cambiemos el Gobierno.