Parece que esto no tiene fin. Casi a la misma hora que nos enterábamos de que el Tribunal Supremo ha acordado abrir una causa contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al igual que contra los parlamentarios nacionales del PSOE y exconsejeros de la Junta andaluza José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, saltaba en Tenerife la noticia de que el magistrado César Romero Pamparacuatro, titular del Juzgado de Instrucción número Uno de La Laguna, ha imputado al alcalde de esa ciudad y candidato de CC a la presidencia del Gobierno regional, Fernando Clavijo, por la concesión de subvenciones al alquiler a vecinos del barrio de Las Chumberas durante su etapa como concejal de Urbanismo en la anterior legislatura; un mandato en el que era alcaldesa Ana Oramas. El juez Pamparacuatro también le atribuye a Clavijo haber cometido, presuntamente, delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Cargos que comparte el alcalde lagunero con la concejal de Urbanismo del actual Consistorio, Blanca Delia Pérez, y con la también edil María José Castañeda; la primera milita en CC y esta última en el PSOE.

Lo de Andalucía nos queda lejos. O tal vez no tanto, si consideramos las dos detenciones que se han realizado esta misma semana en Canarias relacionadas con el caso Madeja, aunque posteriormente la juez Alaya haya ordenado la puesta en libertad con cargos de los arrestados. Este nuevo caso, ahora en La Laguna, supone un impacto en la línea de flotación de la política canaria.

Vaya por delante que la Justicia ha de ser igual para todos. A partir de esta premisa, dejemos que los magistrados hagan su trabajo y no caigamos por adelantado en juicios mediáticos que, lo corrobora lo sucedido durante los últimos años, suelen ser muy injustos. Cualquier proceso judicial conlleva unas etapas que no se pueden saltar so pena de privar a los encausados de unos derechos fundamentales, el primero de ellos la presunción de inocencia. Derechos que a menudo se pisotean cuando se condena a alguien en los medios de comunicación antes de que lo haga una sentencia firme. No incurramos en ese error; no porque el principal de los imputados sea precisamente el candidato de CC en las próximas elecciones autonómicas, sino, simplemente, porque es un ciudadano con los mismos derechos que cualquier otro.

Sentado esto, no es lo mismo traficar con favores para el enriquecimiento personal, o incluso del partido político al que pertenece quien delinque en el ejercicio de un cargo público, que saltarse unas normas para ayudar a unos vecinos y empresarios cuya situación es angustiosa desde hace años. Nadie ha imputado a Fernando Clavijo ni a las otras dos ediles de la Corporación municipal lagunera por haber metido la mano en la lata del gofio. Está imputado, insistimos que presuntamente, por haberse saltado unas normas no con la intención de lucro sino para ayudar a personas en dificultades. No damos por sentado que alguien esté por encima de la ley ni siquiera con fines humanitarios, pero hay una diferencia abismal entre robar y ayudar. Esto no necesitamos recordárselo a los jueces porque ellos lo saben perfectamente; lo decimos para que lo tengan en cuenta quienes se disponen a hacer leña no de un árbol caído, porque Clavijo no debe caerse de su candidatura por este asunto, sino de un roble muy fuerte cuya sombra no agrada a quienes todavía sueñan con que el alcalde lagunero no sea, finalmente, el candidato nacionalista.

Por lo demás, lo primero que ha hecho Fernando Clavijo es dar la cara ante los ciudadanos. Ayer mismo compareció ante la prensa para decir que, a su entender, ha actuado conforme a las normas del Estado de Derecho. "No temo por mi carrera política; he estado dos veces imputado", manifestó el alcalde de la Ciudad de los Adelantados.

Nos sorprende que una investigación judicial iniciada en el año 2010 -el juez intervino el teléfono de Clavijo en marzo de ese año- salga a la luz ahora. Sabemos que la Justicia es inexorable pero lenta, y que los magistrados no se rigen por las conveniencias políticas -ni de ningún tipo- de las personas que hayan podido cometer un delito. Por ahí, nada que objetar. Tan solo apuntamos que esta coincidencia en el tiempo puede trastocar algunas situaciones además de, lo reiteramos, avivar las esperanzas de aquellos que siguen sin querer enterarse de que en CC hay un candidato designado democráticamente en el seno de este partido.