Un incendio en el cuadro eléctrico del edificio central de EL DÍA, ocurrido en la noche del jueves, dejó a nuestra edición digital eldia.es, al igual que al resto de los medios de nuestro grupo de comunicación que tienen su sede en la avenida de Buenos Aires de la capital tinerfeña, sin fluido eléctrico hasta las 14.50 horas de ayer. Durante ese intervalo no pudimos mantener el contacto habitual con nuestros lectores, motivo por el cual pedimos las debidas disculpas. A lo largo de la tarde y noche del viernes se fue normalizando la actividad de todo el grupo de comunicación.
Entrando en los asuntos diarios, empiezan a aprobar los ayuntamientos -el de La Laguna lo ha hecho hace algunas semanas- los correspondientes códigos de buen gobierno. Incluyen estos textos la prohibición para los concejales de recibir regalos que superen la mera utilidad social o de cortesía. Nos sorprende que se establezca en España como excepcionales unas reglas que son de uso corriente en otros países. En los Estados Unidos ningún político con cargo público puede aceptar dádivas cuyo valor material supere los 25 dólares. Quien evita la tentación, evita el peligro. No importa que la intención del regalo sea el soborno o no. Simplemente con que el político lo reciba ya comete un delito.
También recogen estos códigos que se están generalizando normas que debería cumplir cualquier político sin necesidad de recogerlas por escrito. Por ejemplo, mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con la debida corrección. ¿Es que cabe esperar otra actitud por parte de quienes están en las instituciones públicas? Igualmente se da por supuesta la obligación de cualquier político de actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos. No menos importante nos parece el compromiso de confidencialidad en aquellos asuntos que políticos y funcionarios conocen en función del cargo que desempeñan. ¿No están recogidas esas obligaciones en las leyes ordinarias, al igual que penado su incumplimiento? Normas que se vulneran casi a diario. Lo estamos viendo en los detalles de los sumarios judiciales, por citar otro ejemplo, que se filtran con harta frecuencia a los medios de comunicación. El último de estos casos lo constituyen las conversaciones supuestamente mantenidas por el alcalde de La Laguna con otros políticos y empresarios.
Hablan mucho los líderes de todos los partidos sobre la necesidad de establecer estas normas de conducta que incluyen la transparencia. Mucho nos tememos que con este asunto está ocurriendo lo mismo que con la reforma laboral: cuanto se hace se queda corto. En el caso de las relaciones laborales el PP no se atreve a ir más lejos por miedo a pagar un alto precio por ello en las urnas. Por lo que respecta a la corrupción, da la sensación -no decimos que sea así; solo que lo parece- de que existe un pacto para no tirar del todo de la manta ante la posibilidad de que quedasen al aire asuntos propios nada edificantes.
Están actuando los partidos más de cara a la galería que con intenciones reales de resolver el problema más importante que tiene España después del paro: la corrupción. Lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos ahora: con esto no valen las medias tintas. No van a conseguir nuestros dirigentes salir airosos con un simple lavado de cara porque la gente está muy cansada. Allá cada cual con lo que hace. Nadie podrá decir luego que no llevamos mucho tiempo avisando. La aparición de nuevos partidos de signo populista es la primera consecuencia de muchos años de tomadura de pelo al electorado. La primera pero no la única. Cuando esos nuevos partidos estén en las instituciones, muchos serán los que se echen las manos a la cabeza pero ya será tarde.
Unas líneas más antes de acabar sobre otro asunto que también nos llama la atención. El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha alertado sobre la injusticia que genera el retraso de los procesos judiciales. Siempre se ha dicho que la Justicia es lenta pero inexorable. Los sumarios hay que instruirlos con la debida diligencia y eso lleva tiempo. Sin embargo, las dilaciones indebidas -expresión que se utiliza en el ámbito judicial- hacen que muchas sentencias se dicten no mal pero sí tarde, llegando a ser injustas debido al largo período transcurrido desde que se produjeron los hechos enjuiciados. Estamos de acuerdo con el fiscal Garrido, pero no basta con las buenas intenciones. Hay que actuar ya para remediar esta situación.