Aunque nos queda un poco lejos, vamos a comenzar por la capital del Estado. El juez Pablo Ruz propuso ayer sentar en el banquillo a 43 de los más de cien imputados en el caso Gürtel. La noticia es que ha incluido como responsable civil a la ministra de Sanidad Ana Mato al considerarla partícipe a título lucrativo en los delitos cometidos por su exmarido y exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Considera el magistrado que la actual ministra de Sanidad se lucró con los regalos de la red Gürtel que recibió su entonces esposo. Dos consideraciones someras -pero no intrascendentes- sin entrar en más detalles, ya que los lectores de EL DÍA tienen una amplia información al respecto en nuestra edición de hoy. La primera es que llevamos muchos meses sin que salten uno o dos casos de presunta corrupción cada semana, a cual más escandaloso. La segunda es que Ana Mato debía haber dimitido mucho antes como ministra de Sanidad. Ayer ya era tarde. En España no existe la costumbre de dimitir. Mal asunto. Por hechos mucho menos relevantes han abandonado sus cargos ministros de otros países europeos a la primera de cambio. Se equivoca Mariano Rajoy dando la callada por respuesta durante tanto tiempo. Lo hizo con Luis Bárcenas hasta que no le quedó más remedio que asumir la evidencia, lo hizo posteriormente con Rodrigo Rato y las tarjetas opacas y lo ha hecho ahora con un miembro de su Gabinete. Otro saco de votos para Podemos.

Aterrizando en nuestro terruño nos encontramos con que el secretario de organización del PSOE canario, Julio Cruz, anunció ayer que CC ha pedido la convocatoria de la comisión de seguimiento del Pacto de Gobierno autonómico. Aunque no quiso hablar sobre posibles rupturas, admitió que "si se reúne la comisión del pacto es porque hay problemas". La mesa se reunirá, previsiblemente, hoy por la tarde. Casi al mismo tiempo, el secretario de Organización de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, afirmaba que la eventual readmisión en el PSOE de los consejeros socialistas del Cabildo de La Palma no supondrá la ruptura ni la renegociación del pacto de gobierno regional. Considera Ruano que una ruptura con los socialistas "no sería responsable teniendo en cuenta que estamos al final de la legislatura, que vamos a aprobar los presupuestos para 2015 y que el programa se desarrolla con normalidad", aclaró Ruano.

Hemos dicho en repetidas ocasiones que este pacto no debió firmarse nunca. Fue un acuerdo en contra de la naturaleza política del PSOE y de CC. Un arreglo al que se llegó para que Paulino Rivero continuase en la presidencia del Gobierno otros cuatro años, y que forzó acuerdos en otras instituciones. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde lo propio hubiese sido un entendimiento entre el PP -fue la candidata de este partido la que encabezó la lista más votada- y CC. A la vista de los resultados que puedan producirse el próximo mes de mayo, son muchos los nacionalistas que no descartan un posible entendimiento con los populares.

Seguimos con asuntos judiciales. El secretario general de Coalición Canaria en Las Palmas, Fernando Bañolas, ha reiterado que los militantes de su partido creen firmemente en la honestidad de su candidato a presidente autonómico, Fernando Clavijo, pese a su imputación por varios presuntos delitos. Considera Bañolas que en la actuación que ha originado el proceso judicial lo único que queda claro es que Fernando Clavijo es un alcalde que se preocupa por los problemas de sus vecinos, a la vez que confía en que este caso se resuelva lo antes posible.

Una opinión que compartimos en esta Casa. Lo que no estamos tan seguros es de que se produzca una resolución judicial al respecto antes de las elecciones, considerando el número de personas también imputadas. Los procesos judiciales siguen un camino temporal muy distinto al que fijan los calendarios políticos. Sin embargo, a veces, como ocurre en este caso, condicionan los devaneos de la política y de sus protagonistas. Para Fernando Clavijo, y por extensión para toda CC, no era este el momento más oportuno de que se conociese su implicación, pero, ¿cuál es el momento oportuno de que un juez decida actuar a la vista de los indicios que posee? Nuestra reflexión al respecto es la misma de siempre: los jueces deben procesar con indicios pero solo pueden condenar con pruebas. Clavijo, como cualquier ciudadano, es inocente mientras una sentencia firme no dictamine lo contrario.