Cierto es que una gran mayoría de los ciudadanos españoles hemos celebrado el 36 aniversario de nuestra Constitución, como también lo es que a ella le exigimos una respuesta contundente a la situación de desencanto y desconfianza hacia las instituciones y los partidos políticos, por lo que ahora, superada aquella época tan difícil de la transición de la dictadura franquista a la democracia, a pesar de quienes se oponían a ese tránsito, es necesario un diálogo sosegado e inteligente en busca de consenso para superar la actual situación de pérdida de valores democráticos, derivada de la crisis económica y la corrupción que amenaza vivir en un estado de derecho y tanto está indignando a la opinión pública.
Dejamos atrás tres años de recortes de derechos y libertades por el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular, y el uno de enero de 2015 entrarán en vigor unos presupuestos generales del Estado sobre los que pesará una carga sin precedentes: 4.078 enmiendas presentadas en el Senado por los distintos grupos de la Oposición al proyecto del PP, solo una sin mayor trascendencia del Partido Nacionalista Vasco fue aceptada por el Grupo Popular. Entre ellas, las 1.333 del Grupo Socialista, que incluyen las que defendimos para Canarias, fueron rechazadas sin ningún argumento ni explicación ni un mínimo de cortesía parlamentaria. El no por el no. Nunca los gobiernos del Partido Socialista, ni con la mayoría absoluta como tuvo Felipe González, cometieron tamaña y desafortunada torpeza, que más agrava la tensa situación entre Gobierno y Oposición.
Y con este panorama, ¿qué vamos a pactar con un PP enterrado hasta el cuello en un fango de corrupción?. Pero España necesita un Partido Socialista que vuelva a ser creíble, y lo será si somos capaces de explicar e involucrar a una mayoría ciudadana en la actualización de la Constitución de 1978 para ponerla en valor, dotándola de un contenido federal con la idea de reforzar nuestra identidad estatal al mismo tiempo que haciéndola compatible con el respeto profundo a la pluralidad de las autonomías y pueblos que integran España, contribuyendo, a su vez, a fortalecer la Unión Europea. Y si bien es cierto que el balance del Estado de las Autonomías es favorable, porque ha ayudado a vertebrar y cohesionar España, no lo es menos que urge acometer reformas que integren plenamente a todos sus territorios en un nuevo espacio de convivencia.
El resurgimiento tanto de tendencias centralistas del PP o secesionistas de determinados sectores políticos y sociales de Cataluña, incapaces de ser reconducidas hasta ahora por la vía política, y mucho menos todavía por la judicial, nos obligan a avanzar hacia una estructura federal, solo posible si reconocemos la igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia, al mismo tiempo que respetamos las identidades diferenciadas dentro de España, con respeto y lealtad mutua de las instituciones, potenciándose la cooperación efectiva entre los gobiernos de España y las comunidades autónomas, y de éstas entre sí. Y es aquí donde tiene que jugar un papel fundamental el Senado como Cámara de representación territorial, una función que hasta ahora le ha sido negada a pesar de que es un mandato constitucional, entre otras causas porque no interesa a determinadas "comodidades políticas".
Solo así conseguiremos potenciar la solidaridad necesaria para seguir reduciendo las desigualdades territoriales y avanzar en una mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos, lo que permitirá preservar nuestro Estado del Bienestar y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, blindando el mantenimiento de servicios esenciales como Educación, Sanidad, sistema general de dependencia o las pensiones, con una reforma del artículo 135 de la Constitución para que el techo competencial económico de nuestras administraciones no lo marque solo Europa, reforzándose el papel de nuestros ayuntamientos, al contrario que la reforma local del Gobierno del PP. Para el PSOE resulta fundamental permitir que la administración municipal se aproxime más a sus vecinos, y que éstos, a su vez, controlen sus cuentas.
Para todo ello hemos iniciado en la Comisión Constitucional del Congreso una negociación y exigimos al PP que el Senado vuelva a reunir la Conferencia de Presidentes para revisar el sistema de financiación autonómica.
@JVGBethencourt
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