Estas líneas son deudoras de mis recientes intervenciones ante el pleno de la cámara regional -así como de las aportaciones del presidente de mi grupo parlamentario, Asier Antona, en las comunicaciones del Gobierno del 8 de octubre- cuando los diputados autonómicos tuvimos la ocasión de tomar en consideración sendas proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno autónomo y que versaron sobre la reforma de los municipios y cabildos insulares.

Pero la verdad sea dicha, las proposiciones de ley debatidas eran consecuencia directa de las comunicaciones que el pasado mes de octubre realizó el Gobierno de Canarias, por lo que aquellas no eran más que unos "proyectos de ley encubiertos" con la espuria intención de no cumplir con los trámites formales que se exige a los mismos, pues se omitían idóneos informes (como los de necesidad y oportunidad, por ejemplo) propios de toda iniciativa legislativa proveniente del Gobierno autónomo, a lo que se unían las inexistentes memorias económicas que requieren unas leyes de esta naturaleza.

Además, con este proceder se cercenaba la posibilidad de conocer de antemano el informe del Consejo Consultivo de Canarias que ahora se retrasa a un trámite posterior, lo que denota una vulneración de las formas exigibles en democracia que precisamente proviene de aquellos que no hacen más que criticar el pretendido desprecio de otros.

En lo que se refiere a la futura ley de cabildos, la proposición de ley no sirve para cambiar la realidad de las cosas, pues no responde al objetivo último de descentralizar buena parte del poder autonómico a las administraciones insulares.

Se prevé, por vía de delegación, que los cabildos insulares asuman en el futuro competencias que hoy se reserva el Gobierno autónomo y que deberían, a nuestro juicio, residenciarse en las instituciones insulares, pero lo cierto es que tal posibilidad se plantea como una hipótesis, como un futurible, que queda en manos de la voluntad del gobierno venidero de turno.

No es ni de lejos la reforma que los cabildos llevaban esperando décadas ni, desde luego, la reforma que quieren los canarios, a lo que se añade que dicha iniciativa legislativa no garantiza el propio cumplimiento de sus previsiones, sencillamente porque no garantiza la suficiencia financiera de los cabildos.

La pregunta no es retórica. Ante esta forma de legislar cabe interrogarse cómo se van a financiar las competencias que tan alegremente se prometen a los Cabildos.

A ello debe añadirse que se desconoce qué efectos sobre los servicios públicos que reciben los ciudadanos van a producir las futuras transferencias, pues ni siquiera se ha evaluado el impacto presupuestario de esta iniciativa.

La respuesta a los interrogantes formulados es que nadie lo sabe, y el que menos el Gobierno autónomo.

Esta inseguridad económica se ve acompañada de una flagrante violación del régimen electoral de los Cabildos, que debe tildarse de frívola y atrevida.

Vuelven a caer en el error de que ya ha sido tachado de inconstitucional por el Consejo Consultivo de Canarias con relación al artículo 65 de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, cuando se advierte de que es competencia de la legislación del régimen electoral del Estado el sistema de elección de los cabildos, vulneración que reproducen en el artículo 60 de la proposición de ley de cabildos insulares, pues, como malos legisladores que son, invaden el sistema electoral regulado por la ley orgánica del régimen electoral general.

No es la primera vez que en esta legislatura el Gobierno de Canarias -y en este caso los grupos parlamentarios que lo sostienen- vulnera la doctrina constitucional que establece una reserva de ley orgánica que sólo puede ser sancionada por las Cortes Generales, materia legislativa que nunca podrá ser suplida por una ley solitaria del Parlamento autónomo, recoja lo que recoja, ponga lo que ponga, copie lo que copie...

No cabe duda de que con estos mimbres la proposición de ley tiene que ser notablemente mejorada, garantizándose la seguridad económica, presupuestaria y jurídica de las corporaciones insulares, descentralizando la administración autonómica al servicio siempre de los ciudadanos, pues un texto como el que conocimos en la Cámara regional no sería más que una mera declaración de intenciones que no compromete a este Gobierno (ni a los futuros) a descentralizar de verdad la administración autonómica en beneficio de la administración insular.

En suma, es un texto que no podemos hacer nuestro. Lo que no ha impedido que participemos en su futura tramitación parlamentaria, decididamente y de forma constructiva, con el fin de alcanzar su mejora y enriquecimiento.

Eso sí, conminamos a los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno -autores de la iniciativa- a trabajar sin prisas ni apremios, pues en sus urgencias no nos encontrarán, pero para la reforma que los cabildos necesitan estaremos ahora y siempre.

Impelimos y desafiamos de nuevo a CC y PSOE a hacer las cosas bien, pues los cabildos, los ciudadanos, se merecen una ley que de verdad atienda sus necesidades, alejadas de frivolidades apresuradas en vez de haber atendido a las conversaciones de trabajo mantenidas, a principios de 2013, entre el Gobierno de Canarias y el PP.