Las turbulencias sociales provocan momentos excepcionales donde no es bueno tomar grandes decisiones. Las pasiones nunca han sido buenas consejeras para el buen gobierno de las cosas. Y últimamente, para nuestra desgracia, en este país estamos actuando, hablando, pensando o legislando "en caliente". O lo que es lo mismo, estamos permitiendo que el dictado de la moda que marcan los medios de comunicación y las redes sociales configure las decisiones que se toman en el ámbito de la convivencia.
Donde resultan más irreparables los excesos causados por la coyuntura es en el mundo de la Justicia. El alcalde socialista de Valle Gran Rey, Ruimán García, fue condenado a cuatro años, seis meses y un día de cárcel, que está cumpliendo, por contratar ilegalmente a una familiar y gastar siete mil euros del ayuntamiento. En su día se dijo que era una sentencia "ejemplar", que es algo que las sentencias no deberían ser nunca. Las sentencias tienen que ser justas, no ejemplares. Y la dureza con la que se castigó el desparpajo delictivo del alcalde resulta extraordinaria si se compara con otras sentencias en casos de mucha mayor cuantía.
Otro caso es el del edificio público de aparcamientos construido por el Ayuntamiento de Santa Cruz y que invadía parte de la servidumbre de Costas. Varios políticos y funcionarios fueron condenados a penas de cárcel por lo que debía haber sido un contencioso entre dos administraciones, pero que la política convirtió en un proceso penal. No existe proporción entre las penas dictadas por la Justicia y los posibles delitos cometidos por los condenados. Otra vez se volvió a calificar la sentencia como "ejemplarizante", dándole el mismo valor medieval a las condenas que el de la picota que se ponía en las plazas públicas.
Hoy nos enfrentamos a otro caso de clara desproporción entre los daños causados y las penas que se están pidiendo. Los bomberos que en el año 2005 interrumpieron un pleno del Cabildo de Tenerife cometieron un acto deleznable. Y algunas actitudes, que rayaron la violencia, jamás debieron producirse. Hasta ahí estamos de acuerdo. Que se pida hoy para esas personas año y medio de prisión constituye un despropósito. Los daños causados por la actuación de los bomberos no son merecedores de ese reproche penal tan extremo. Ni la dignidad de los consejeros insulares ni la invasión del salón de sesiones del Cabildo merece que se castigue a unos irresponsables, a los que se les fue la pinza, con penas privativas de la libertad. Podrá ser ejemplar, pero no es justo. No es justo ni siquiera que lo pida la acusación particular que ejerce el propio Cabildo, aunque esté obligada a defender los intereses de la institución y a evitar futuras invasiones.
El Cabildo está planteándose de forma crítica su petición de pena. Harán bien en cambiar. Pedir la cárcel para alguien es algo muy serio que hoy se maneja de forma muy frívola. Aunque la moda sea el protagonismo de los justicieros y el paseíllo mediático, ya está bien de burradas judiciales. Un poco de sentido común siempre viene bien.