En mayo de 2014 el ayuntamiento enviaba seis mil cartas en tono ciertamente amenazador a las familias afectadas por la entrada en vigor de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), en las que les concedía un plazo de dos meses, hasta el 29 de julio de 2014, para que presentaran los informes respectivos o, en caso contrario, se aplicarán multas por un valor de hasta 9.000 euros.

Ante las numerosas quejas de los vecinos por los plazos y las formas, el consistorio aumentaba el plazo de dos meses hasta ocho para presentar los informes ante la Gerencia de Urbanismo. Ya por el mes de octubre de 2014, ante los incesantes reclamos por falta de claridad, se ofrecía dar información en la propia Gerencia de Urbanismo sobre las ayudas que el Estado y el propio consistorio ofrecían para afrontar la ITE.

Es decir, cinco meses después de "amenazar" a los vecinos y tener que ampliar el plazo, la Gerencia les decía a los vecinos de Santa Cruz que existían ayudas para afrontar las obras de mejora, sin tener que pagar el total de las mismas.

Ante la pésima política llevada a cabo en este aspecto, la nula comunicación a los vecinos y unos comicios electorales a las puertas, el ayuntamiento decide en febrero de 2015 suspender la ITE de manera indefinida y reiniciar el proceso.

¿No era más fácil haberlo hecho bien desde el inicio? Primero explicando a los vecinos la necesidad de mejorar los edificios de "avanzada edad" por seguridad y capacidad de ahorro en la factura de la luz. Luego informar sobre las ayudas existentes de la Unión Europea, el Estado y el Gobierno de Canarias en materia energética y de rehabilitación. Y una vez cubiertos esos objetivos aplicar la ordenanza, y no antes.

Para el Grupo Popular en el ayuntamiento, la ITE siempre ha sido esa magnífica oportunidad de crear empleo para el sector de la construcción, castigado doblemente en Santa Cruz: aparejadores, arquitectos, delineantes, empleados de la construcción, electricistas, fontaneros, etc.

La puesta en funcionamiento de la Ordenanza Municipal de Conservación, Restauración y Estado ruinoso de las edificaciones siempre debió ser una buena noticia para la ciudad por ser garantía de renovación y rehabilitación del tejido edificatorio (objetivo de la Ley RD 8/2011), para el colectivo de profesionales de la construcción, y una apuesta por la rehabilitación frente a la nueva construcción que puede seguir originando la ocupación masiva de nuestro territorio.

Además, esta ordenanza debe implicar sencillez y eficacia en su aplicación y no ser una carga o agravio para las familias y los profesionales que asumirían el trabajo de inspección y su divulgación.