Todo aquello que tenga relación con el Parque Marítimo tiene una notable correspondencia con esa otra enrevesada cuestión como es la playa de Las Teresitas, que, casualidades especulativas, ambas tramas confluyen en un escenario donde los argumentos aportados en las causas judiciales coinciden con maniobras que en España, últimamente, se vienen utilizando para dilatar cualquier sentencia, y que el tiempo sea quien imparta justicia. O lo que es lo mismo, se trata de lograr la prescripción y la extinción de las distintas situaciones. Dilatar y prescribir. Estrategias utilizadas hasta ahora con demasiadas alegrías. Alegrías que, por suerte, no las recogen interpretaciones de determinados jueces.

Pero, de igual forma que se reciben justamente ciertas sentencias, de vez en cuando se producen aperturas de causas que hay que dejar en manos de la Justicia dada la complejidad de las mismas. La última relevante se ha abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que contempla la gestión llevada a cabo en el Parque Marítimo a raíz de la denuncia presentada por los ya superconocidos abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa. El juez ha imputado ("investigado", desde el pasado viernes) a Alberto Bernabé, concejal de Hacienda del Ayuntamiento chicharrero y presidente del consejo de administración del Parque Marítimo, y a Pedro Doblado, exsecretario de la sociedad.

Es destacable, a priori, que la candidata del grupo popular municipal a la Alcaldía, Cristina Tavío, haya declarado que confía en que Bernabé sea absuelto, a la vez que entra de lleno en el meollo de la cuestión: lo que ha sucedido es que la gestión ha sido un "desastre", palabras que honran su trayectoria personal y política. Afirmación, asimismo, que debe trasladarse al año 2009 hacia atrás, tiempos en los que se utilizó el Parque Marítimo en beneficio de personas que nada tienen que ver con la actual corporación municipal que preside José Manuel Bermúdez, alcalde que no dudó ni un instante, junto al concejal de Urbanismo, en salir en defensa de su eficaz concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, artífice de que en la actualidad el Ayuntamiento haya recuperado los dineros que hábilmente se lucraron en aquella época. De ahí que, a la espera de conocer los indicios que haya visto el juez para proceder a la indagación citada (recordemos que estar investigado no significa culpabilidad alguna), existen innumerables opiniones sobre el correcto recorrido seguido en este mandato por una persona decente, político valioso y gestor sobresaliente como es Alberto Bernabé, que tiene en su haber, entre otras cosas, no sólo dejar las cuentas saneadas del Parque Marítimo, sino que este produzca ahora beneficios a las arcas municipales.

Frente a un panorama oscuro y reprobable, como era el que se vivía desde el año 1995 con cuchipandas que se celebraban al margen de los usuarios de las piscinas (los empresarios sólo tenían licencia para el uso de las mismas, utilizando con total impunidad el resto de las instalaciones), y con participación entusiasta de algunos concejales y amigotes de la época con cargo al erario, se llegó, desde el momento de la inauguración del recinto, en 1995, hasta el año 2009, a una sucesión de fiestas incontroladas que condujeron a una serie de denuncias a las que nadie prestaba atención, hasta el punto de que se tuvo que ordenar su cierre en 2009, demostrándose que estas celebraciones privadas, gratis total, no estaban amparadas por la ley.

Ante esta anarquía, ¿qué decide el actual equipo de gobierno municipal? Dar seguridad jurídica y transparencia de los usos de las instalaciones, reactivar económicamente la zona para crear puestos de trabajo y garantizar su condición pública y el derecho de todos los ciudadanos al disfrute del litoral. No era tan difícil recordar a César Manrique. Las irregularidades opacas (es una expresión menos dura) terminaron.