Si hay un territorio que cuente con un hecho diferencial, claro e incuestionable, es Canarias. Las islas tienen como rasgo definitorio fundamental la lejanía y la doble insularidad, elementos que han sido reconocidos, desde siempre, por la Unión Europea, pero que parece que aún no tiene demasiado claro el Gobierno del Estado.

Han sido incontables las veces que los representantes de Coalición Canaria en las distintas instituciones -Parlamento de Canarias, Congreso, Senado- han expuesto la necesidad urgente de que se respete el Estatuto de Autonomía y tenga en cuenta los requerimientos y la situación específica de unas islas donde se pagan impuestos, como en el resto de España, y en las que volar no es un capricho, sino un servicio público que debe ser cubierto con oferta suficiente y adecuada en el precio, garantizando a todos los canarios que coger un avión no se convierta en un lujo para unos pocos.

Pero, por desgracia, vamos encaminados a que esto suceda. Si las competencias en puertos y aeropuertos las tuviera la Comunidad Autónoma, la historia sería bien distinta. Porque solo un canario sabe lo que significa tener la necesidad urgente de salir de su isla para ir a otra o a la Península por motivos de salud o trabajo y no encontrar billetes asequibles, ni plazas suficientes. No solo es frustrante, sino profundamente injusto.

Lejos de ello, el Partido Popular privatiza AENA obviando el carácter de servicio público que tienen los aeropuertos en las Islas y la saca a bolsa para enriquecimiento de aquellos quienes manejan los fondos de inversión de capital extranjero, que son los mayores beneficiarios de esta operación.

Los criterios con los que se gestionarán ahora los aeropuertos, como siempre que algo se pone en manos privadas, estarán muy alejados de las necesidades de los habitantes de las ocho islas canarias y el perjuicio para el turismo, ahora que empezamos a remontar, será de carácter grave.

Pues bien: no solo no se tienen en cuenta todas estas variables, sino que, además, se considera que no debe adoptar ninguna medida para evitar los precios prohibitivos que alcanzan los billetes aéreos en las fechas de mayor demanda, como es el caso de la cercana Semana Santa. Los canarios pagamos ocho veces más por el uso del transporte. Para nosotros es carísimo viajar, a pesar de la subvención por residencia, que se revela insuficiente. Pero lo es, también, para el turista peninsular, que, si sigue manteniéndose esta situación, optará, sin que pueda culpársele por ello, por otros destinos cercanos y más baratos.

Como se ha citado anteriormente, la propia Unión Europea reconoce el derecho de Canarias a tener, como región ultraperiférica, las adecuadas conexiones, tanto en términos de frecuencias y plazas disponibles como de precios. El Gobierno del Estado, sin embargo, incumple su compromiso de forzar a las compañías aéreas a adecuar sus precios a la bajada de combustible y se lava las manos en un asunto de vital importancia para el territorio más alejado.

Desde Coalición Canaria, sin embargo, seguimos insistiendo en la necesidad de adoptar medidas urgentes necesarias para la cohesión y desarrollo de nuestro territorio, que forman parte de nuestra propuesta electoral.

Entre ellas está la de activar la obligación de servicio público, estableciendo un precio máximo para las compañías que operen en los trayectos entre las islas y la Península, para acabar con los aumentos abusivos, especialmente en fechas señaladas. Pediremos, también, que se incremente hasta el 75% el descuento de residentes para los canarios que residen en islas no capitalinas, eliminando, de este modo, el coste de la doble insularidad, así como la ampliación a todos los países de la Unión Europea del descuento en el billete aéreo para los residentes en Canarias.

Queremos, además, la transferencia de la competencia en transporte aéreo interinsular, que permita al Gobierno de Canarias fijar los precios de la obligación de servicio público aéreo. Implantar, en suma, una estrategia eficaz y duradera que posibilite que los ciudadanos y ciudadanas de Canarias tengan el trato que corresponde a una Comunidad Autónoma cuyo rasgo diferencial más evidente es la lejanía y cuyo desarrollo pasa por tener conexiones suficientes y a precios asumibles.

No es un lujo, es un derecho.