El Cabildo de Tenerife destina 400.000 euros al día a políticas sociales. Así lo aseguró esta semana en EL DÍA la vicepresidenta segunda y consejera de Acción Social y Gobierno de la Institución insular, Cristina Valido. ¿Es mucho dinero? ¿Poco? Por de pronto, la cifra llama la atención. Ahora bien, depende de las necesidades que en este campo tenga la Isla. Al parecer, muchas; lo que es grave y debe preocupar. Por un lado, porque se trata de cubrir las necesidades básicas de muchas personas que no tienen recursos ni para comer. La propia Valido apuntaba que, en ocasiones, la situación ha llegado a ser "hasta dramática". Por ello, el resto de los habitantes de esta Isla no deben mantenerse al margen. Pero es que, además, informaciones como las que hoy recoge este periódico, acerca del estado en que se encuentra el Centro de Asistencia de Minusválidos Profundos (CAMP) Reina Sofía, situado en Güímar, evidencian que los 400.000 euros diarios se quedan cortos para hacer frente a todas las exigencias que en el campo de los asuntos sociales tiene Tenerife. Como no se trata de buscar culpables, sino soluciones, los encargados de gestionar esta materia deben dejarse de tirar balones fuera de su portería y esforzarse en que no les metan más goles. Atribuir todo lo que ocurre a la crisis, los recortes y la administración superior, que no proporciona la financiación suficiente, puede servir como atenuante, pero no exime de la responsabilidad asumida a la hora de dar el salto a la política. No vale esconderse siempre tras la misma barrera de justificaciones. Quizás un poco de autocrítica ayude a encarar mejor los problemas y a darles solución.

Tampoco pueden continuar calladas las autoridades de Tenerife ante la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de paralizar la construcción de la regasificadora en el futuro puerto de Granadilla. Tan solo se ha escuchado la voz, y no muy alta, del presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Poco más. Otro proyecto que serviría para ayudar al desarrollo de la Isla, pues supondría un ahorro energético y permitiría reducir el nivel de emisiones, pero encalla en los tribunales y las principales instituciones y organizaciones empresariales insulares se agazapan. Quizás conviene recordar lo que decía esta misma semana el decano del Colegio Oficial de Químicos de Canarias, Íñigo Jaudenes: el "no a todo" lleva a la paralización.

Dos cuestiones recogidas por EL DÍA esta semana que no deben pasar desapercibidas. En primer lugar, los vertidos fecales en la costa de El Rosario -Radazul y Tabaiba- y que la corporación local achaca a que unos 15 grandes edificios de viviendas no están acoplados a la red de saneamiento. Para llorar. Y, por otro, el cierre del mercado de San Pablo, en La Laguna, porque las instalaciones ejecutadas no se corresponden a las autorizadas. Abogar desde las páginas de este periódico por una pronta resolución de las deficiencias detectadas, pues se trata de una iniciativa en la que están implicados un buen número de empresarios que han invertido bastante dinero en ella.