Los expertos en negociación aseveran que es inútil discutir sobre datos o cuestiones objetivas. Solo merece la pena discutir sobre cuestiones sujetas a la subjetividad. Hay datos que son incontestables. Las energías renovables aportaron al sistema eléctrico canario durante 2014 el 7,7%; en Península la aportación de las renovables al sistema eléctrico fue del 47% (datos de Red Eléctrica de España).
Los que llevan repitiendo con insistente ansiedad que las reformas emprendidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo han paralizado las energías renovables en Canarias deberían explicar el porqué de esa abrumadora diferencia. Por qué en Canarias desde 2006 prácticamente no se ha instalado un solo megavatio en energía renovable? ¿Es culpa de la reforma energética emprendida por el Gobierno de la nación? ¿O tendrá que ver con la maraña administrativa y la obsesión reguladora de un Gobierno autonómico que se ha pasado los últimos diez años hablando de su compromiso con las renovables sin hacer absolutamente nada para desenredar la caótica burocracia a la que han sometido al sector de renovables? La realidad del compromiso del Gobierno canario con las energías renovables es que de los 440 mgw adjudicados en el concurso de 2007 solo 97 mgw estarían hoy en disposición de obtener autorización administrativa. El resto todavía están atascados en la COTMAC.
Y ¿cuál ha sido el compromiso del ministerio de Industria, Energía y Turismo con las renovables en Canarias? Además de solucionar uno de los problemas más endiablados a los que se ha tenido que enfrentar el Gobierno del Partido Popular, con un sistema eléctrico quebrado, con un desajuste entre los costes y los ingresos de 10.500 millones de euros anuales y un déficit global de 24.000 millones de euros, hemos dotado al concurso eólico de Canarias con el mejor régimen retributivo en renovables de todo el país. Esto ha sido posible por razones puramente económicas. Si los 440 mgw del concurso eólico canario pudiesen entrar mañana en el sistema eléctrico, nos ahorraríamos 130 millones de euros al año. Este dato pone de manifiesto el interés que desde el primer momento ha tenido el Ministerio en solucionar los múltiples problemas derivados de un concurso eólico canario muy mal planificado.
Durante estos tres últimos años , el tan criticado Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España ha incluido en la planificación energética de nuestro país inversiones por importe de 810 millones de euros (si, han leído bien, 810 millones de euros) para la construcción de las infraestructuras eléctricas necesarias para que esos 440 mgw puedan ser "enchufados" al sistema eléctrico de las islas. Tal fue el desastre desde el punto de vista de la planificación por parte del Gobierno de Canarias que ni siquiera tomaron en consideración una cuestión elemental: si la potencia adjudicada en el concurso (440 mgw) tenía o no cabida, podía en definitiva ser vertida o no en los distintos sistemas eléctricos insulares. Y la respuesta clara era no. Es como si alguien planificara meter miles de coches en una isla sin carreteras. Por si tal despropósito no era suficiente, el popio gobierno regional tampoco consultó a AENA si la ubicación que el propio Gobierno regional elegía para los parques podía afectar a la seguridad de las operaciones de despegue y aterrizaje de los aviones en el aeropuerto de Gando, lo cual entra de pleno en actuación negligente.
Después de todo ese esfuerzo, el Gobierno de Canarias, con su consejera de Industria y Empleo a la cabeza, ha sacado un decreto que cambia la metodología de asignación de potencia en las islas, pasando de un sistema basado en los concursos a otro de autorizaciones administrativas. Respecto a esa decisión, nada que decir. Es competencia autonómica, y cada cual en su casa se organiza como mejor le parezca. Ahora bien, lo que no puede hacer el Gobierno canario es aprovechar ese decreto para meterse a organizar la casa de otro. La consejera Paquita Luengo nos acusa de deslealtad institucional por recurrir un decreto que, claramente, invade competencias que son estatales. Hace dos semanas, con ocasión de la celebración del Primer Congreso Internacional de Energía Renovable en Canarias le recordé personalmente a la consejera que le íbamos a enviar un requerimiento (paso previo al inicio de la vía contenciosa administrativa) en el que solicitábamos la modificación de algunos artículos de ese decreto. En el acto inaugural manifesté públicamente que desde el Ministerio apoyábamos el cambio de metodología para la asignación de potencia, ya que era evidente el fracaso que había supuesto el método de los concursos. Al día siguiente todos los titulares de los periódicos recogían unas declaraciones de la consejera en las que acusaba al ministro J. M. Soria de "cargarse" las energías renovables en Canarias y paralizar quince proyectos de inversión en todas las islas, aparte de una larga serie de exabruptos contra el ministro. Esas declaraciones y, sobre todo, las formas y actitudes de este Gobierno regional cada vez que se ha tenido que referir a la política llevada a cabo por el ministro Soria en las islas son un claro ejemplo del verdadero interés mostrado por el Gobierno canario a favor del sector de las energías renovables: "cero patatero".
La consejera Paquita Luengo ha logrado cargarse el trabajo de tres años de un solo plumazo, y además lo ha hecho en el último minuto del partido, cuando no hay margen de maniobra para solucionarlo. En unos días se disuelve el Parlamento de Canarias y no habrá posibilidad alguna de que se puedan modificar esos malditos artículos que nada tienen que ver con la decisión de cambiar el método de adjudicación de concurso a autorización administrativa y que nosotros apoyamos.
El Gobierno de Canarias lleva tres años acusándonos de falta de consenso en todas las decisiones que hemos tomado en materia energética. Lo cierto es que en estos tres últimos años nos hemos sentado en innumerables ocasiones para tratar de solucionar todos estos problemas. Yo pensaba que el compromiso era sincero. Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Desde luego, este portazo final que ha dado la consejera y el Gobierno canario a las energías renovables en las islas se hubiese solucionado si con carácter previo nos hubiesen mandado el borrador del decreto para comprobar que se adaptaba a la legalidad. Lo cierto es que no lo hicieron, pero lo más grave es que algunos empresarios del sector se lo habían advertido; aun así les dio igual.
Todas estas cuestiones, y muchas más, se han ido solucionando durante estos tres complicados años, entre otras cosas gracias al firme compromiso de un ministro canario que desde el primer momento apostó por facilitar una mayor implantación de las renovables en Canarias. Y todo ello a pesar de que el Gobierno del señor Rivero no ha hecho otra cosa sino usar el dinero público de los canarios para, a traves de la televison pública canaria, crear una gran cortina de humo en torno a la clara atención del Gobierno de España hacia el archipiélago. No se olvide que si la administración pública autonómica no ha quebrado durante esta legislatura ha sido gracias a la liquidez que ha sido provista desde el Gobierno de la nación para que pudiera hacer frente al pago de la deuda que contrajo durante años con sus nefastas políticas, que han conducido durante los ocho años de Rivero desde un 10% de paro a más de un 30%. No me extraña que los mismos suyos le hayan puesto de patas en la calle. Por sus hechos les conoceréis...
¿Quién ha sido desleal y quién hace realmente daño a las islas? Por sus actos los conoceréis.
*Subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España