Autonómicas. Feliz el candidato vende la ilusión de que será capaz de procurar el cambio. Aporta el entusiasmo y las nuevas ideas, el aparato a sus pies: el legislativo, el ejecutivo y el montón de pasta de los presupuestos regionales. Está seguro de que con empeño, enfoque y voluntad de consenso conseguirá superar a su predecesor, al que considera un inútil, sin decirlo en alto, si es de su propio partido, y aireando toda su incompetencia, si no lo es. El avezado se lanza a prometer puestos de trabajo, cómo fomentar con ahínco actividades en crisis, apela a la esperanza perdida y a las ayudas públicas para combatir la exclusión social. El advenedizo no promete pero propone, más aun si cabe. Veamos cómo convertir tantas palabras en acciones, porque cada parlamento autonómico, con sus leyes y su boletín oficial, solo ha demostrado disciplina para confeccionar su propio entramado que dificulta el normal devenir de la economía y muy escasa eficacia para acometer reformas de cierto alcance, supeditadas siempre a la norma española o a las directrices europeas.
Círculo vicioso. El repaso por sectores, por orden alfabético, para contentar al lobby o con sincera buena intención, tropieza con la legislación laboral, con el IRPF, con el impuesto de sociedades, con la competencia; hasta los fueros específicos de Navarra, País Vasco o Canarias precisan la conformidad de las Cortes y de los funcionarios del ministerio de Hacienda. Las leyes autonómicas unilaterales, por sí solas, conducen a la inseguridad jurídica, pendientes del Constitucional, con medidas cautelares o sin ellas. El Estado de las Autonomías no significa cercanía ni simplicidad, sino al contrario, burocracia añadida. Burocracia cuyos efectos perversos forman parte del diagnóstico de todas las fuerzas políticas, eslabón del círculo vicioso: desincentiva la inversión productiva, pone trabas a las empresas, más paro, menos consumo y vuelta a empezar. Deslegislar, aunque pese, o intentar conseguir más competencias, solución, esta última, que también se dirime en Madrid.
Solo gestionar. Qué pensará nuestro impoluto aspirante de revocar leyes. Tremendo aburrimiento. Toca canjear intensidad creativa a favor de más control al ejecutivo, empeño que no vendría nada mal, sea dicho de paso. Al final y en resumen, la comunidad autónoma gestiona competencias como simple franquicia del Estado y dos enormes empresas con muchos miles de funcionarios y cientos de miles de clientes: la sanidad y la educación públicas, con sus sindicatos, sus usuarios y sus necesidades de organización. Todavía el incauto candidato pensará que unas cuantas caras nuevas son suficientes para conseguir motivar al personal, atacar las listas de espera o reducir el fracaso escolar. Escasa capacidad para provocar el cambio, un cambio que comprometa a las generaciones futuras, ¿cómo a este nivel? Todos explican qué van a hacer con profusión de detalles, muy poco que requiera hacer política, algo que no sea la mera tarea de gestionar lo que viene impuesto por una regulación superior.
Locales. Tú que vas para alcalde y propones mejorar la calidad de vida de tus vecinos, dime cómo. Tal mejora consistirá en ponerle las pilas al concesionario de las basuras que tiene las calles hechas un asco o a la contrata de los jardines que se pasa por el arco del triunfo sus obligaciones y mantiene los parques que dan pena. Quizás plantees privatizar el suministro del agua para pedir unos millones que permitan arreglar la red de abasto. Tendrás que tramitar ayudas sociales, procurar eficiencia en el alumbrado público, limpiar los colegios, organizar las fiestas patronales, ¿eso es hacer política?
Política. Con razón todos los partidos se afanan desde ya en explicar su programa para las elecciones generales.