El presidente del Gobierno de Canarias, en funciones, viene ahora a darse cuenta, tras las elecciones del 24 de mayo, de la injusticia que supone la Ley Electoral canaria. Y lo manifiesta otorgando cariz de urgencia a su solución. Y lleva razón. Lo que pasa es que ha presidido el Gobierno de Canarias durante ocho años, dos legislaturas. Ha tenido oportunidad de forzar la solución de tal injusticia en todo ese tiempo, y no lo ha hecho. Desde su organización política (CC) le replican que la reforma de la Ley Electoral está contenida en la del Estatuto de Autonomía, pendiente de debate y aprobación en su caso.
Ciertamente, el sistema electoral estaba contenido en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Canarias, sancionado por el rey Juan Carlos el 10 de agosto de 1982. Y en su apartado 2 decía: "El sistema electoral es el de representación proporcional. No serán tenidas en cuenta aquellas listas de partido o coalición que no obtengan, al menos, el tres por ciento de los votos válidos emitidos en la Región o el veinte por ciento de los válidamente emitidos en la respectiva circunscripción electoral". El apartado 4 de dicho artículo definía las circunscripciones electorales: "Cada una de las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife constituyen una circunscripción electoral".
¿Quiénes modificaron, en la década de los 90, el contenido del Estatuto de Autonomía a estos efectos? Se subieron los límites al seis y treinta por ciento respectivamente ¿Por qué? ¿A quienes beneficiaba? ¿Al tripartito establecido en Canarias por CC, PSOE y PP? No quiero pensar que sólo a uno de ellos, porque los otros dos no lo hubieran tolerado, simplemente con la fuerza de los votos. Ahora parece que la reforma pendiente de aprobar pretende volver al sistema anterior en cuanto a límites. Pero en todo este tiempo transcurrido miles de votos han ido a la basura.
Estamos ahora sobre ello, también el presidente, porque las elecciones del 24 de mayo han puesto negro sobre blanco el asunto: cinco mil votos de La Gomera, de ASG, o de Casimiro Curbelo, que tanto da, colocaron en el Parlamento tres diputados, y más de cincuenta mil votos de Ciudadanos se quedan en el contenedor de papel y cartón.
De los últimos comicios hay un resultado que produce un grado de consternación: la práctica desaparición, a efectos reales, de IU y de UPyD. Y de esta última porque ha mantenido enhiesta la bandera anticorrupción, personada en los múltiples casos que han forzado a destapar. Ahora, ante el "reconocimiento" que le hemos hecho de esos esfuerzos y compromiso bien han hecho en retirarse de todas las causas judiciales que tenían planteadas.