Existe una casi total coincidencia en todos los partidos políticos canarios y amplios sectores de la sociedad en que el sistema de mínimos electorales que se exigen para el Parlamento de Canarias -los llamados "topes"- es profundamente injusto. Y como es tan injusto y todos están en su contra, "sólo" lleva unos veinte años funcionando. Lógico. Cosas de la macarronesia.
Si los partidos políticos quieren que les computen los votos a la cámara legislativa regional, tienen que reunir o más del 30% de los votos emitidos en una de las siete circunscripciones insulares canarias o el 6% de los votos regionales. Son techos demasiado altos a los que muy pocos partidos pueden llegar. Por ejemplo, Ciudadanos, con casi 54.000 votos, se quedó en la calle sin representación parlamentaria. Una anomalía que aumenta cuando se advierte que con apenas cinco mil votos la Asociación Socialista Gomera sacó tres diputados. Y es que no sólo hay que sacar los votos, sino que hay que sacarlos en la circunscripción adecuada.
Un partido que se presente a todos los comicios autonómicos puede sacar 170.000 votos a razón de diez mil votos en cada una de las diecisiete autonomías del Estado español. Y puede que con esos votos en ninguna de ellas tuviera representación parlamentaria. Pero si sacase 170.000 en una sola tendría una importante representación. En cualquier elección existe un componente poblacional o demográfico y otro territorial o de circunscripción. En Canarias existe ya un acuerdo unánime: los topes a freír puñetas. Pero ¿qué hacemos con el número de diputados que tiene cada isla?
La Ley D''Hont, que rige en todas nuestras elecciones, favorece siempre al partido más votado. Eso coexiste con una asignación territorial de diputados en donde hay una justicia redistributiva electoral, que consiste en darle más a quien menos tiene. O lo que es lo mismo, en primar a los más débiles frente a los más fuertes. Las necesidades de inversión y gasto público de las islas que tienen más población son mayores. Y mayor inversión en infraestructuras y servicios suele atraer más población que quiere disfrutar de las ventajas del desarrollo, lo que a su vez demanda más inversión y gasto, entrando en un sistema que se retroalimenta. Para corregir esa tendencia era necesario que se establecieran mecanismos correctores: dar más peso político a menos población.
Los padres del Estatuto crearon siete circunscripciones insulares y le dieron a cada isla un número de diputados, hasta los sesenta. Treinta son para las dos islas mayores; quince para cada una. Y otros treinta son para las islas menores. Treinta son de una provincia y treinta son de otra. Es un sistema de equilibrios de poder para unas islas que no se fían unas de otras. Y sobre todo que no se fían de las dos capitales canarias, que tienen una larga tradición de culo veo culo quiero; una irrefrenable capacidad de imitar los logros y comportamientos de el de enfrente, aunque sea a costa de duplicar gastos y desfondar los presupuestos de Canarias.
Gracias a ese sistema, que otorga una sobrerrepresentación a islas como El Hierro o La Gomera, se ha conseguido un excepcional nivel de gasto en esos territorios. Ahora, las islas más habitadas entienden que ha llegado la hora de poner los votos en su sitio. La hora de acabar con la prima a los más débiles y atender las necesidades de las islas más pobladas. Unos consideran que la propuesta es puro neocapitalismo electoral: más para los que más tienen. Otros creen que la prima electoral a las islas menos pobladas, si acaso fue necesario en su día, hoy es insostenible, injusta y antidemocrática.
Al contrario que en el caso de los topes electorales, donde todo el mundo está de acuerdo, el asunto de los diputados por isla tiene púas. Estamos a un paso del comienzo de un ácido debate para cambiar los equilibrios de poder en Canarias y darle más fuerza política a quien más fuerza poblacional tiene. Más allá de que sea justo o injusto, necesario o gratuito, lo que sí va a ser seguro es polémico.