Tras el batacazo electoral en las municipales saltaron las alarmas del partido gobernante, que, desde una confortable mayoría absoluta, empezó a preocuparse por la pérdida de confianza expresada en la huida de votos hacia la abstención u otras formaciones políticas.

Desde el ensimismamiento habitual, aislador de la realidad ciudadana, se autodiagnosticó que el fracaso estaba en un defecto de comunicación social y falta de cercanía. Se intentó modular el discurso para afrontar las generales de noviembre con una ilusoria recuperación de los votos perdidos.

El problema es la falta de credibilidad ante las declaraciones enfocadas hacia lo que se supone que la ciudadanía desea oír. Claro que estamos ansiosos por escuchar bondades, optimismo y números triunfalistas; pero si se emite el mensaje con medias verdades, se oculta que la deuda pública rebasa el billón de euros, y que no hay quien la frene; cuando se presume del crecimiento previsto del 3,3% del PIB, se distorsiona la realidad para convertir el discurso en un engañabobos. Como la infantiloide argucia del IRPF, una chuchería de distracción.

También se insulta a la inteligencia popular cuando la ministra Fátima Báñez nos cuenta, ilusionada y con gran énfasis, la creación masiva de puestos de trabajo -siempre lo hace así; como tirándonos caramelitos desde la cabalgata de Reyes-, sin explicar que, a partir de la reforma laboral, la precariedad de los salarios y la erradicación de derechos fundamentales, han retrocedido a la clase trabajadora a los inicios de la revolución industrial, de cuando todavía la esclavitud era práctica legal.

Por no hablar del mea culpa que debiera entonarse como acto de contrición por la terrible gestión que se ha desarrollado con los casos internos de corrupción. De cómo la separación de poderes, Ejecutivo y Judicial, es mera entelequia en este Estado de Derecho que pretende ser demócrata. De cómo Blesa y sus secuaces andan sueltos y los jueces que actuaron en nombre de la Justicia están inhabilitados, Gürtel, Púnica, Valencia, en la campaña electoral, ya en marcha, no se alude ni remotamente a estos tumores cancerígenos, como si se ocultara o disimulase una enfermedad vergonzosa. El pueblo soberano necesita obras que sean amores y no las absurdas e inservibles buenas razones. Que las víctimas de las preferentes encuentren apoyo institucional en lugar de sufrir la protección a banqueros corruptos. Que el maltrato a la población más desfavorecida no tenga que ser rectificado desde radicalismos extremos auspiciados por el abandono e ineptitud institucional.

Por desgracia, y de acuerdo con lo previsto, los nuevos discursos de acercamiento electoralista no sirven para nada. Antes bien, no hacen sino empeorar una situación que, de aquí a noviembre, puede ser catastrófica y definitiva. Sobre todo para un partido que solo se escucha a sí mismo y no se entera de una realidad tan dolorosa como los pertinaces casos de corrupción que cada día, de cada semana, de aquí a noviembre, siguen asolando nuestra dignidad de ciudadanos.

No parece que la Ley Mordaza favorezca la frustrada intención de hacer amigos de viaje. Vendida como beneficio para que el ciudadano normal no sufra el peligro de los violentos, parecen conculcarse varios derechos constitucionales; así cuestionado también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es un camino inteligente regresar a represiones ya olvidadas que nos pueden desprestigiar ante los países de nuestro entorno por un afán partidista de protegerse y proteger las poltronas. En el Código Penal ya existían medidas suficientes para sancionar con proporcionalidad los delitos violentos. Eso sí, dejando trabajar a la Justicia con la libertad separada de los otros poderes.

Creo que el cúmulo de votos disidentes seguirá aumentando, de aquí a noviembre, en proporción a la torpeza de quienes no saben, no quieren o no pueden o las tres cosas.

*Presidenta de la asociación Por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo