Dentro de la complejidad, o confusión, de la vida española, cara al próximo año, fue de especial interés participar, en desarrollo de un ciclo sobre "La seguridad y la justicia en España", organizado por la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste y la Fundación Caballeros de Yuste, en Madrid, en el que intervinieron miembros destacados de la Guardia Civil, sobre la seguridad pública y privada. Por nuestra parte, abordamos el tema en dos aspectos: el primero, desde el ángulo filosófico-jurídico: la justicia como idea, como valor, como vivencia, y en su relación con la alteridad, que es tanto como vislumbrarla en relación con los otros sujetos, la "mismidad", como diría Ortega. Tal enfoque, como expusimos en las lecciones de cátedras en diversas universidades hispanoamericanas, en 1965 -véase nuestra obra "Justicia y Derecho en la comunidad del trabajo", 1972-, está ya en Aristóteles, en su "Ética a Nicómaco", cuando contempla "lo justo en comunidad". Es decir, el hombre entero está en la comunidad. Toda la visión teológico-filosófica-jurídica de los maestros del Siglo de Oro español radica en una óptica de la razón, operativa en la vida, creadora en la comunidad política y dirigida al bien común. Estos parámetros están apenas apuntados, para superar el mero "interés", "utilidad" o "técnica". Sin caer en el relativismo moral, o el pragmatismo legal, que desvía a la justicia a los altos fines que debe cumplir. Aunque siga siendo -Legaz Lacambra o Recasens- una "forma de vida social".

Aquí viene el segundo aspecto, cual es obtener a su vez una seguridad jurídica en España:

-Dos cámaras parlamentarias, Congreso de los Diputados y Senado, de carácter legislativo, la primera, y la segunda convertida en ariete de la primera, sin que exista un replanteamiento sobre la "participación".

-Anquilosamiento de los anteproyectos de leyes de procedimiento: enjuiciamiento civil, penal, mercantil, contencioso-administrativo.

-Falta de brevedad de los procedimientos, falta de modernidad y adecuación de medios materiales, aunque se quieren ahora reponer trescientos magistrados, cuya mayoría procedería de los suplentes congelados de períodos anteriores.

-Persistencia en la no división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, con sofisticada intervención de los partidos políticos.

-Adscripción de la competencia de las comunidades autónomas de la Justicia, que, a pretexto del acercamiento al ciudadano, puede suponer una parcelación de los intereses de los litigantes.

-Como nos diría Joaquín Costa, el valor del Derecho y de la Justicia deber ser, y no sólo en Aragón, está en su vivencia en la comunidad de los ciudadanos.

*Autor de "España en la encrucijada"