Decía Manuel Azaña que normalmente los españoles somos poco propensos al libre examen, sino a valernos de nuestra razón personal. Quizás debido a esta idiosincrasia, nuestra concepción de la política, de su ejercicio y de la libertad para elegir a aquellos que han de ejercerla en nuestro nombre ha variado radicalmente en un breve lapso.

En un tiempo no demasiado lejano, los ciudadanos votábamos a políticos, con sus virtudes y sus defectos, para que nos representaran en las instituciones y ejerciesen las tareas de gobierno en sus ámbitos. De una época a esta parte todo lo anteriormente concebido ha cambiado radicalmente, de tal modo y manera que ahora votamos a ciudadanos para que ejerzan de políticos, con el desconocimiento propio en muchos casos de lo que esa tarea implica.

Por otro lado, el nuevo panorama electoral ha impuesto cambios en las configuraciones de los gobiernos a todos los niveles que, a su vez, implican una representación más diversa en los mismos: de un lado, por la aparición de nuevos partidos emergentes; por otro, por el desgaste de los tradicionales y además por un aumento considerable de la fragmentación partidista, lo que obliga a replantearse indefectiblemente la manera de gobernar para los años venideros. Esta fragmentación fuerza a su vez a los partidos a pactar y a dialogar como hacía tiempo no se recordaba.

Esto que en una primera lectura parece el ideal de la Democracia, pues como me decía hace unos días el amigo Juan Manuel García Ramos "ser progresista es no querer ser feliz solo", puede llevar aparejado por contra, y de hecho así está sucediendo, actitudes que dejan de lado el respeto a las convicciones del conjunto de la ciudadanía, hayan votado o no a determinada opción política, pero que es realmente a quienes se deben los que ostenten en virtud su representación.

Se está ejerciendo un obsceno utilitarismo de los medios de comunicación, disimulado como transparencia informativa. Pero lo que en realidad enmascara es una apropiación indebida de un derecho colectivo transformándolo en un acto reivindicativo y evitando así la verdadera discusión democrática del hecho en sí en el correspondiente foro o estamento legítimamente constituido.

Se está imponiendo una nueva relación con el sector financiero, pasando de las otrora célebres reuniones convocadas por los grandes banqueros a que sean los políticos electos los que acuden a las sedes de las instituciones financieras a exigir, reclamar y reivindicar sus demandas, sobre todo en el tema de los ciertamente desafortunados desahucios, condicionando en muchos casos las medidas de gobierno en base a la aceptación o no de estos planteamientos. El auge de las nuevas marcas blancas de la política han impuesto nuevos modelos de relación entre los políticos y el sector financiero, denotando la preocupación de este por la estabilidad y el interés de establecer una relación fluida de cara a cuando se pongan en marcha determinadas medidas por estas formaciones, algunas de ellas sutilmente extravagantes.

Se está denotando un cambio cultural desde la moderna y progresista convicción de que no puede haber transformaciones políticas duraderas sin que tañan el elemento cultural vital común de nuestra sociedad. Todo cambio político está conectado con la cultura, y todo cambio cultural tiene una dimensión política. El problema de este binomio es que en este tipo de relaciones es la Cultura la que siempre ha salido perdiendo. Corremos, pues, el peligro de que sea un medio para un fin y, por tanto, termine relegada al servicio de la nueva política de estos nuevos tiempos.

Los nuevos políticos han pasado en pocos meses de ser aquellos que en ocasiones gritaban contra el sistema y alardeaban de no sentirse representados por este a revolucionar la política en las formas como paso previo al fondo. La política de las proclamaciones ha forzado el paso del usted al tuteo; de los obsoletos discursos a las palabras; ha impuesto el abandono del tan denostado coche oficial para vanagloriarse de usar, como si nadie lo hubiera hecho antes, el transporte público; del no a la revolución con corbata a la insurrección que erradica totalmente esta e incluso en muchas ocasiones la chaqueta, imponiendo un forzado desaliñamiento en el vestir.

Ha comenzado, en definitiva, una nueva era en el panorama político de Canarias y del Estado, donde la cultura del pacto y el diálogo se harán imprescindibles. Debemos en consecuencia abogar por una política en nuestra tierra que responda y se corresponda por encima de todo al bien común y al interés general de la ciudadanía y no a los espurios intereses partidistas. El éxito de la futura calidad de vida de todos los que habitamos en este Archipiélago dependerá en gran medida de la dotación de los recursos necesarios que generen de nuevo la confianza en el sistema, con un compromiso social, político y financiero firme que siente las bases de la estabilidad de nuestra sociedad presente y futura.

Post Scriptum: la política del mismo origen es una importante regla de seguridad informática que permite mantener una separación estricta entre diferentes aplicaciones, considerando un origen distinto aquel que cambia de protocolo.

@AlfonsoJLT