Y ante problemas graves, soluciones correctas. No resultados aproximados, insuficientes o erróneos.

La indigencia en la capital santacrucera se ha convertido en una situación crítica por los varios casos puntuales de personas que viven y pernoctan en la calle en estado de extrema precariedad. Acuciantes problemas de salud, alcoholismo, drogas y enfermedades múltiples, algunas infecciosas, colocan a estas desgraciadas personas en la marginalidad del paisaje urbano, sin que aparezca la determinación y voluntad municipal de solucionar el gravísimo problema mediante la prioridad debida al aspecto humanitario.

"Es que si no se dejan ayudar, legalmente no se puede hacer nada". No puede ser así. Si se trata de personas perturbadas por el cúmulo de sus afecciones psicosomáticas, para evitar que mueran abandonadas a la intemperie, tiene que existir un mecanismo legal de incapacitación o inhabilitación.

No sirve ofrecer un alquiler social a personas sin medios de subsistencia que no podrían pagar ni siquiera los gastos elementales. Ni tampoco procede integrar en una comunidad de vecinos a gentes desamparadas, con comportamientos de alto riesgo debido a sus patologías mentales.

El problema de quienes están instalados, en condiciones infrahumanas, en las chabolas del Pancho Camurrias tiene la misma condición de indigencia y marginalidad que los que se cobijan entre cartones en un rincón de la calle.

Todos ellos necesitan solución a un problema que a las autoridades, parece ser, les afecta sobre todo por la mala imagen que ofrece tanta miseria. Sería deseable borrarla de un plumazo, para lo que ofrecen soluciones inviables como para salir del paso. Por lo tanto, no son buen remedio.

Debido a la incuestionable prioridad del derecho a la vida, la única solución es invertir lo necesario en una instalación específica, dedicada a la atención sanitaria, higiene, cobijo, protección y seguimiento diario de sus patologías,donde se acogiera a todos los afectados. Es evidente que el actual albergue municipal ni de lejos se aproxima a estos fines. Por supuesto, ante posibles rechazos patógenos, habría que tomar las medidas legales pertinentes, con carácter de urgencia, para incapacitar al enfermo e instalarlo obligatoriamente en el centro habilitado al respecto.

Por nada del mundo quisiera oír o leer el manido "es que para esto no hay dinero", porque entonces entraríamos en una controversia terrible donde los derechos humanos se verían conculcados en su primer escalón, el derecho a la vida donde se apoyan todos los demás.

Para redondear la propuesta y abundar en la viabilidad de un proyecto, que debe serlo de urgencia, conviene considerar la multiplicidad de competencias que coinciden sobre el área de Servicios Sociales: Gobierno central, autonómico, cabildos y ayuntamientos, con la aportaciónde asociaciones humanitarias y ONG. Un exceso de burocracia que interfiere la eficacia de cualquier gestión mal coordinada.

En este caso, sin paliativos, se debe auspiciar la colaboración de las instituciones entre sí para, como un solo equipo, organizar la estrategia adecuada para erradicar esta terrible lacra socio-humanitaria. No se trata de "limpiar" la imagen de la ciudad; antes bien debemos ser conscientes de la entidad moral que plantea el problema y organizar entre todos y en silencio el tema económico para que no asome ni un ápice de interés personal o partidista.

Una solución que solo necesita la voluntad política de asumir la obligación humanitaria que ponga a prueba su capacidad de gestión y la calidad moral de su código ético. El éxito de la operación propuesta sería motivo de orgullo para los ciudadanos, tan poco acostumbrados a sentirse satisfechos con sus dirigentes.

*Presidenta de la Asociación Viera y Clavijo