Unas elecciones sumamente trascendentes como las catalanas, solo dos días después de celebradas, dan un giro con la imputación de Mas. En este país, que la justicia actúe siempre es sospechoso, retorcido, maquinación, oportunismo, arma política... A esta letanía se suman no solo los políticos afectados, incluso otros, sino también los medios que, con mayor entusiasmo, lo atribuyen a su perspicacia, hondura de análisis y visión de águila. Cuanto más especulativos y absurdos sean sus argumentos, más notables serán arabescos y filigranas.

Cuando se habla de incumplimientos flagrantes de la ley, impropio de países con verdadera división de poderes, referido al Gobierno catalán, los mismos que por fin se rinden a la facticidad del fenómeno, son los mismos que reprochan al Gobierno haber recurrido al Tribunal Constitucional el Estatuto catalán.

Si los recursos son legales, qué objeción se podría poner a utilizarlos. Pero lo carpetovetónico es que la crítica se produce cuando además de ser legales el Tribunal Constitucional da razón a los recurrentes y declara parte del Estatuto catalán ilegal. Esto es peor que lo de Mas, un político chamarilero, visionario y tahúr. El mensaje, la propuesta de muchos tertulianos y editorialistas, es que algo que confirmó ilegal el Tribunal Constitucional debió seguir siéndolo y, por tanto, no debió de ser recurrido. La regla que muchos formadores de opinión (y así vamos) defienden es que no hay nada negativo en la vulneración de la Ley (aun la fundamental) si entorpece o distorsiona el juego político de nuestra casta y sus comentaristas adláteres, que parecen tener tribuna en la London School of Economics, de penetrantes y originales que resultan. La desenvoltura y cinismo de los media y tertulianos no creo que exista en otro país de nuestro entorno. Igual allí al hablar o escribir se tienen en cuenta silogismos, principios de identidad, contradicción, tertium excluso, o de mecánica cuántica, vamos, por no hablar de ética, decencia y pensamiento propio. Aquí el periodismo gusta del politicismo especulativo de los grandes analistas, dueño de la última palabra y propenso a enjundioso debates sobre legitimidades y convenientes estrategias políticas. Un zumbido de enjambre que aturde.

A este proceder y pensamiento lo llaman "judicialización de la política". Si hubiera interiorización de principios básicos como garantías y contrapesos, sería esencial llegado el caso. Lo que es nefasto es la "politización de la justicia". En el primer caso se restablece el imperio de la ley, en el segundo se trata de sustraer la política a la ley.