Existe un conflicto entre el peso del Estado y del sector privado en la prestación de ciertos servicios públicos. En otros países de Europa hace tiempo que se ha solventado a través de fórmulas mixtas que hacen posible que los ciudadanos tengan los mejores servicios, con la mejor calidad y al mejor precio. En España seguimos arrastrando dos discursos antagónicos: el de quienes defienden que la única manera de prestar los servicios públicos es a través del empleo creado por las administraciones y el de los que creen que todo lo público es ineficiente y caro. Si malo es un país estatalizado donde todo el mundo trabaja para el padrecito Estado, tampoco sería mejor otro donde no existiera una administración pública que se ocupe de garantizar derechos fundamentales.

Pero incluso quienes apuestan por capitalizar las cuentas del Estado con la puesta en valor de servicios que se pueden privatizar -obteniendo recursos económicos para la Hacienda pública- tendrían que hacérselo mirar con algunas operaciones que se han llevado a cabo en este país.

Durante años los Cabildos y Ayuntamientos de Canarias gastaron dinero de todos los ciudadanos poniendo suelo, acometidas eléctricas y pagando generadores e instalaciones para que la señal de las televisiones llegaran a los rincones más difíciles de las islas. La red de repetidores de transporte de la señal de TV se puso un día en manos de una empresa pública llamada Retevision, que poco más tarde pasó a la tenencia de una empresa privada prestadora del servicio. Que lo haya hecho bien -como de hecho ha sido- no empaña que el deslizamiento de toda una red hecha con el esfuerzo de tantas administraciones se realizara dejando a muchos con un palmo de narices. Lo mismo ha ocurrido con otras actividades, desde el transporte eléctrico hasta las autopistas de peaje que al final se han tenido que rescatar en una bochornosa y costosa operación del Estado.

La denuncia realizada por el PSOE en el Parlamento de Canarias sobre la entrada de capital privado en AENA no es una frivolidad. Que unas empresas -las que sean- tengan el control de la estrategia de la política aeroportuaria de nuestro país no es una coña. Sobre todo porque hay territorios cuya actividad económica principal -el turismo- puede verse afectada por unas decisiones u otras. Y Canarias, casualmente, con más de trece millones de turistas que llegan a través de la red de aeropuertos de las islas, es una de ellas.

Que las Islas no tenga representación --por adquisición de acciones, incluso- en el nuevo accionariado de AENA o disponga de una representación institucional es un gravísimo error político. No se trata de que los intereses privados sean perversos, que no lo son. Se trata de que puede haber políticas comerciales perfectamente lógicas para una empresa que pueden ser lesivas para los intereses del turismo en las islas. Como, por ejemplo, subir las tasas aeroportuarias. El Gobierno de Canarias haría bien en plantearse de manera irrenunciable poner el trasero en el núcleo de una empresa donde se van a tomar decisiones estratégicas que afectan a nuestra gallina de los huevos de oro.