Para reflexionar al respecto es necesario comparar nuestro actual Estado autonómico con un posible Estado federal, también propiciado por el respeto a la pluralidad y peculiaridades de cada comunidad autónoma.

Apenas se distinguen entre sí ambas organizaciones descentralizadas, que solo contemplan matices diferenciales meramente semánticos.

Así, la Federación se constituye mediante un Estado central y los territorios que forman los Estados federados. Cada uno con su propia Constitución.

El Estado autonómico también lo configura un Gobierno central y las Comunidades autónomas que disponen de sus respectivos Estatutos de autonomía (equivalentes a las Constituciones federadas).

Tanto la Constitución de cada Estado federal como los diferentes Estatutos de autonomía están adaptados y vinculados al marco jurídico de la Constitución central en cada caso.

El "contrato firmado" entre el Estado central con las Autonomías o Estados federales, en forma de Estatutos o Constitución federada, marca y enmarca el grado de compromiso, entidad y autonomía de las competencias transferidas a cada unidad autónoma o federada desde la Constitución central; incluidos los órganos encargados de ejercer y controlar las transferencias.

En ninguno de ambos casos puede escindirse unilateralmente un Estado federado o Comunidad autónoma, pues el pacto constitucional establece que en los dos escenarios es imprescindible contar con el resto.

El grado de dependencia o centralismo depende de los niveles de las transferencias en un caso y otro. Por ejemplo: la España de las autonomías es un Estado más descentralizado que Alemania, paradigma del federalismo. En líneas generales, según los modelos actuales, un Estado federal tiene más mecanismos centralizadores en favor de la igualdad y espíritu de solidaridad entre los ciudadanos. Así puede deducirse del evidente fracaso de nuestro Estado de las Autonomías, donde los resultados del diseño primigenio basados en la equidad, reparto justo y convivencia solidaria se han venido abajo. Un proyecto inicial como maquinaria y sustento para la transición que ha degenerado en vergonzosos agravios comparativos, injustas discriminaciones económicas, confrontación de intereses localistas, intentos de secesión, y un escandaloso gasto público en numerosos cargos políticos, incompatible con el pretendido Estado de bienestar para el pueblo soberano.

Canarias está resultando especialmente dañada por la obsecuencia de los dirigentes locales que ha facilitado el abuso de promesas incumplidas y la marginación ultraperiférica en la aplicación de algunos compromisos contenidos en el Estatuto de Autonomía.

No es operativo ni viable que competencias supuestamente transferidas (Sanidad, Educación, Vivienda, Servicios Sociales...) sufran la injerencia descoordinada de cuatro administraciones distintas incidiendo sobre la misma área. Lo que se traduce en una burocracia patógena que determina el lógico fracaso. Es el resultado de una mala gestión a la hora de negociar transferencias competenciales en un espectro autonómico donde se han privilegiado concesiones a cambio de apoyos políticos y votaciones interesadas, para menosprecio y agravio de las comunidades más desfavorecidas.

Más que una reforma en profundidad, nuestra Carta Magna requiere la actualización y revisiones lógicas que, mediante el imprescindible consenso para ahuyentar ínfulas independentistas, respondan a la realidad presente con la mirada puesta en el futuro que merece España.

Parece imposible que cualquier modificación constitucional pudiera rectificar las profundas anomalías que unas comunidades sufren con respecto a otras, convertidas en países distintos y lejanos, animadversiones incluidas.

No es temerario valorar que en un Estado federal el control de la equidad sería más eficaz; que seguiría respetándose la identidad de cada autonomía convertida en Estado federado; que las Constituciones federadas, adscritas y comprometidas con la Constitución central, serían más concretas y eficaces que los estatutos mal negociados y peor gestionados; y que admite las posibles reformas que puedan serlo en doble sentido: descentralizadoras y/o recentralizadoras.

Habida cuenta de que en un Estado federal "simétrico", cual es lo más normal en nuestro entorno, cada territorio tiene los mismos poderes y competencias descentralizadas que el resto, contemplemos la "asimetría" de nuestro sistema actual, con comunidades escandalosamente privilegiadas, por ejemplo, en materia fiscal.

La flexibilidad federalista contempla especificidades en su estructura que facilitaría los intereses políticos de nuestras Islas Canarias para asignarnos la entidad que nos corresponde. La oportunidad de abanderar nuestra ultraperiferia como una condición que debe ser contemplada, protegida y respetada, documentada en una Constitución federada que sustituyera un estatuto demasiado precario, nos colocaría en el podio hegemónico que merecemos por geografía, historia, paisaje, paisanaje y, por encima de todo, la oportunidad de poner en valor el mito que Canarias y los canarios somos para el resto de España.

Quizá convendría también en ir pensando en ser una sola provincia en lugar de dos rincones diagonales en un ring...

Cualquier opción dependerá siempre de la buena fe injertada en la voluntad política.

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