La escisión existente en las organizaciones políticas españolas conduce a que una mayoría significativa de ciudadanos se decante por la conveniencia de una segunda consulta general por si, con el transcurso de unos meses, a estos impresentables que están liquidando España les retorna la cordura y el pueblo toma conciencia de a quién ha votado y a quién tiene ahora que elegir para desterrar, de una vez por todas (difícil porque el político persigue el poder), esa metástasis denominada corrupción. Lo de Bankia, el Banco de España y los corruptos del PP valenciano provocan las náuseas más recientes. Y nadie sabía nada...hasta después de las actuaciones judiciales. Todos están empantanados por miedo a perder sueldos y prebendas. El país les importa un carajo. El PP, el PSOE y Podemos están pringados hasta las cejas (Ciudadanos no ha tenido tiempo). Unos más que otros, pero todos conformando un conglomerado de residuos inimaginable por su magnitud. Con nuestros impuestos estamos pagando una descomposición generalizada mientras Hacienda persigue a una señora jubilada que, para ayudarse un poco, realizaba labores de costura en el vecindario compensada amistosamente. Ahora tiene que devolver al fisco la penosa jubilación "injustamente" percibida.

Así las cosas, los neonacionalistas canarios no escapan de la quema y, sin entrar a mencionar los vergonzosos casos que todos saben al dedillo, también caminan en eses por culpa de la ruptura interna que no quieren admitir (Ana Oramas se pronuncia en nombre de su partido y su partido se pronuncia diciéndole que ella nos es nadie para pronunciarse en nombre del partido), pero que, igualmente, algunos sectores han salido a la luz convirtiéndose en imputados-investigados por la Justicia. Divulgan últimamente un Congreso Internacional sobre Residuos que se celebrará en Tenerife el próximo mes de junio. Una parte de Coalición Canaria está a favor de las plantas de biomasa y la otra, naturalmente, en contra. Y aquí hay mucho dinero y puestos de trabajo en juego y, por tanto, tal y como van los sucesos, habrá que hilar fino. 200 millones de euros y 500 puestos de trabajo dan para estudiar el proyecto con mucha seriedad. Al parecer, así ha sido. Pero al cerrarse algunas puertas de las administraciones...se han dejado unos postigos abiertos.

La central de biomasa que se pretendía construir en Las Palmas de Gran Canaria, quemando residuos forestales importados de otros países, fue declarada "inversión estratégica" por el anterior Gobierno regional, presidido por Paulino Rivero. Sin embargo, el Gobierno canario actual conducido por Fernando Clavijo, quien ganó a Rivero por cinco votos, a pesar de ratificar meses después esta decisión, anuncia ahora que no autorizará la central térmica de biomasa en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, a menos que el proyecto, ¡atención!, "cambie mucho" y permita salvar los informes negativos procedentes de la Consejería de Sanidad que advierte de la posible contaminación del aire de la ciudad. Recordamos aquí que, casi durante un siglo, los ciudadanos de Santa Cruz tuvimos que respirar dióxido de azufre y óxido de nitrógeno por la "inversión estratégica" realizada con la instalación de la Refinería. Pasan los años y en este 2016 informan que: "El Gobierno no autorizará jamás nada que vaya a perjudicar la salud de los ciudadanos de Canarias y, si se instalan las plantas de biomasa (¿Arinaga y Granadilla?), deberán cumplir todos los requisitos". El presidente Clavijo ha llegado a un punto de encuentro con la disyuntiva que arrastra el alcalde de Santa Cruz con el caso Mamotreto: prevarica si da permisos que no cumplen la ley, pero también si los deniega sin motivo.

Los postigos, pues, están abiertos. Hasta tal punto que, ocultando, informan desde Granadilla que allí no se ha recibido petición alguna por parte de la empresa Emce. Tanto en Gran Canaria como en Tenerife se conoce la Ley que agiliza la tramitación de los expedientes relacionados y declarados de interés estratégico por parte del Gobierno de Canarias. De hecho, se formalizarían ¡en la mitad de tiempo!. El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno canario, defiende las plantas de biomasa como fuente de energía renovable, siempre y cuando se cumplan todas las normas y se garantice la salud de los ciudadanos. Digamos que, según los técnicos, el CO2 que emiten estas plantas abarcarían un radio de tres kilómetros, por lo que la ciudad de Las Palmas quedaría perjudicada. Y en Granadilla, las urbanizaciones cercanas también. A la empresa no le queda otro camino que rectificar esos proyectos para que los millones de euros y los puestos de trabajo se queden en Canarias...con total observancia de la Ley.