La verborrea a que ha dado lugar, durante más de un mes, para poder pasar a la segunda fase de la que habla el art. 99 de la Constitución, se ha prestado a interpretaciones que dan la sensación, no prevista entre los interlocutores, que pudiera facilitar la decisión final, ante el nuevo presidente del Gobierno. Incluso, con alteración de las iniciales propuestas por parte de Sánchez, secretario general del PSOE, que parecen, respecto a las que subyacen en el equipo de Iglesias, suavizar o atemperar lo que llamaban una "reforma", aunque progresiva. En el grupo de Podemos, dominaba el sentido de un "antisistema".

Y, así, por ejemplo, el término "progresivamente" aparece, si no he leído mal, entre los propósitos de un predominio de la escuela pública estatal, que vaya erosionando progresivamente a la escuela no estatal, aunque sea concertada. Y esa sería la trampa sobre la cual en un artículo nuestro publicado en diciembre de 2015 ya titulamos "Aviso a navegantes. ¿Sobrevivirá la escuela privada concertada?".

El que entre el equipo a que apuntaba Sánchez estuviera en principio el de "Podemos", para presentar las reformas más digeribles, está sin duda la eliminación progresiva de la escuela concertada. A finales del siglo XX, ya se había lanzado por una escritora norteamericana el grito de "La rebelión de los padres", cuando se preguntaba quiénes traen los hijos al mundo: no los políticos ni los maestros, sino los padres. Y eso le costaría a la señora y ministra laborista Willians su dimisión, cuando echaba pestes sobre las escuelas "independientes", mientras que llevaba a sus hijos a esas escuelas o al extranjero.

Ahora la cuestión es cada vez más clara: escuchamos hace poco una gran conferencia de Juan Velarde. Y entre sus previsiones sobre el futuro económico, tanto europeo como español, insistía en la necesidad de contar con una escuela no ideologizada, sino que permita un desarrollo tecnológico, fundamental para el Estado del Bienestar. No descubría nada, porque en la Declaración de Derechos Humanos, de 1948, ya se advertía de la participación "prioritaria" en la educación por parte de los padres. Lo que se recoge en nuestra Constitución, artículo 27. Lo que sería un gran problema. Y acaso no se haya pensado bien. Salvo que en el proceso se haya querido abordar "progresivamente". O acaso de la manera con que Mingote ilustraba las páginas de ABC, un 19-7-2010: pintaba un pleno del Congreso de los Diputados, ante un presidente con una maza en la mano: "Queda aprobada esta ley, salvo lo que se le ocurra al presidente del Gobierno".

*Autor de "España en la encrucijada"