En varios artículos me he referido últimamente a la incertidumbre que siembra en mí la aplicación de la justicia. Me resulta difícil comprender cómo es posible que los diferentes juzgados o tribunales -de Primera Instancia, Audiencia Provincial, Superior de Justicia, Audiencia Nacional, Supremo, de La Haya...- dicten sentencias tan distintas unas de otras. Entiendo que un pequeño matiz no tenido en cuenta por un magistrado puede cambiar la interpretación de un artículo del Código Penal, con lo que el hecho juzgado puede analizarse bajo una perspectiva distinta y, en consecuencia, también el veredicto. Que en un atraco a mano armada, por ejemplo, el atracador contemple la posibilidad de matar si le es necesario para cometer su fechoría resulta muy distinto si el final es ese pero se produce de manera fortuita.

Pero no es a ese tipo de juicios a los que quiero referirme en esta ocasión, sino más bien a los relacionados con los administrativos. Viene al caso la respuesta que solían -y suelen- dar algunos licenciados cuando se les presentaban problemas numéricos: perdón..., yo soy de letras. En mi caso, como soy de ciencias, siempre he entendido que dos más dos son cuatro, por mucho que algunos pretendan demostrar lo contrario, pero parece que en el derecho administrativo, procesal o como quiera llamársele las cosas no son tan sencillas; o habrá que entender que quien hace la ley hace la trampa.

Y todo lo anterior a cuenta de la sentencia dictada hace poco por el Tribunal Supremo respecto a la reclamación presentada por la Comunidad Autónoma canaria en contra de la privatización de Aena. Una vez conocido el propósito del Gobierno de la nación, el nuestro, el de la Comunidad Autónoma, se apresuró a manifestar su disconformidad alegando -con toda la razón- la peculiaridad de nuestros aeropuertos, solicitando al mismo tiempo que, si la privatización se llevaba a cabo, en el nuevo consejo de administración se diese cabida a un representante de las administraciones canarias. En aquella ocasión tuve la santa paciencia -ya he dicho que soy de ciencias- de leer en Internet lo dispuesto al respecto, y de ello saqué la conclusión de que nuestro rechazo de nada iba a servir. Las leyes, dije entonces, son tan claras como la luz del día, apunté que el recurso no iba a prosperar y que, encima, las costas las pagaríamos nosotros.

Decía también entonces que los servicios jurídicos de nuestro gobierno -y no he sido yo el primero que lo comenta- anda inmerso en una serie de reclamaciones contra la administración central que muy rara vez dan fruto, por lo que aquí viene a colación lo dicho al principio: ¿la aplicación de las leyes depende de la interpretación de los magistrados? En algunos casos sí, ya lo he dicho, pero si la ley es clara y terminante -como es el caso del conflicto con Aena-, ¿para qué gastar dinero en recursos que sin ninguna duda se van a fallar en contra nuestra? Dice el refrán que quien no llora no mama, pero eso puede aplicarse cuando hay un resquicio que nos permita abrigar esperanza en cuanto al fallo. Si sabemos que nuestros alegatos no van a prosperar, mejor es permanecer "quieto, parado".

No obstante lo dicho, parece que la mencionada sentencia permite que el Gobierno canario insista en sus aspiraciones, al menos para que pueda pertenecer a alguno de los departamentos no decisorios de Aena; algo así como la pedrea de la lotería. ¿Vale la pena continuar en esta batalla que tanto nos está costando? Pues, sinceramente, no lo sé... ¡Cuando tantas carencias hay en otros sectores!