La gran banca se plantea cerrar oficinas al público y centraliza sus servicios, apoyada en la tecnología.
Esta decisión, empresarialmente entendible, tiene sus consecuencias directas en el consumo, en el empleo y la riqueza de Canarias, y mejorará el empleo en aquel lugar donde implanten sus nodos de comunicación, pues mejorará la demanda de programadores, tecnología y servicios empresariales allí donde inviertan.
Como consecuencia, los altos salarios que pagan, el efecto que éstos tienen en el consumo y el empleo o las inversiones que atraían, se alejaran del lugar en el que produce su actividad.
La tecnología necesita una mano de obra más cualificada, pero en menor número. Y lo que es más preocupante, cada vez más arraigada al lugar donde se toman las decisiones de la entidad financiera.
Además, cuando el Estado financie a las Islas, tendrá un agujero en las cotizaciones de la Seguridad Social, los impuestos de la renta y otros ingresos fiscales, que se irán a otras zonas del territorio nacional, pero se generan en Canarias.
Ya no se trata de que nos pongamos de acuerdo en qué invertir o qué servicios públicos financiar. Se trata de que nos van empobreciendo y mientras tanto nadie está pensando en que cada día necesitaremos más fondos del Estado y éste solo mira lo que ingresa y qué parte de ese ingreso le devuelve a Canarias. Se trata de crecer en nuevos tipos de empresas que generen empleo y paguen sus impuestos en las Islas.
Otro día hablamos de crear más empresas, consolidar las que tenemos, buscar un marco estable de financiación, aumentar los mercados de exportación, cumplir con las normas de accidentes de trabajo, protección de datos, fiscalidad, burocracia, normas medioambientales o cómo superar la acidez de estómago y la quiebra de la esperanza.
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