La difusión de los llamados papeles de Panamá, en los que aparecen los nombres de diversas personas que en algunos casos pueden estar relacionadas con delitos dependiendo de las acciones que se hayan realizado, ha puesto de relieve el tema de los paraísos fiscales, lugares a los que acuden aquellos individuos que quieren "lavar" dinero obtenido de forma más o menos ilícita, para evadir impuestos o bien para alejarlo del control gubernamental en su país de origen.

En los últimos años, tanto por determinadas acciones de personajes famosos del mundo artístico, deportivo, así como por tramas de corrupción política, el término "paraíso fiscal" está de máxima actualidad.

Pero ¿qué es un paraíso fiscal? Es un territorio cuyos sistemas tributarios favorecen de manera especial a sus no residentes, tanto personas físicas como entidades jurídicas. Tienen características específicas que permiten su identificación, tales como poseer escasos o nulos convenios con otros países en materia tributaria; ofrecer a empresas y ciudadanos protección del secreto bancario y comercial; no poseen normas de control de movimientos de capitales en origen y destino, lo que permite el blanqueo de dinero y reciclaje de capitales; tienen un sistema que permite la convivencia de un régimen tributario para los nacionales y otro para los extranjeros; poseen una infraestructura jurídica, contable y fiscal que facilita la libertad de movimientos de personas, bienes, etc.

Los paraísos fiscales constituyen un entorno especialmente diseñado para depositar, guardar, invertir o recuperar el dinero mal ganado o evadido por dictadores, políticos corruptos, narcos, traficantes de órganos, de armas, trata de personas, etc. Gozan de un servicio sofisticado de asesorías, bufetes fiscales, empresas auditoras y, por supuesto, de sucursales de la banca "legal", especializadas en este tipo de operaciones. Para la vuelta a la circulación legal del dinero, los evasores gozan de la inestimable colaboración de las cámaras bancarias de compensación, como Clearstream (Luxemburgo) y Euroclear (Bélgica) , que filtran la suciedad de las operaciones y permiten depositar en cuentas listas para gastar el dinero libre de impurezas.

Según la OCDE, para que un territorio pueda considerarse paraíso fiscal tiene que cumplir cuatro requisitos: que no recaude impuestos en su jurisdicción, o estos tengan carácter meramente nominal; que no exista un intercambio efectivo de información con otros Estados; que sus autoridades no sean transparentes, y que se pueda ser residente en ese territorio, a efectos fiscales, sin necesariamente realizar actividades económicas en el mismo.

¿Qué pasaría si se pudieran eliminar todos los paraísos fiscales? Eliminarlos por completo podría ser muy complicado desde el punto de vista político. Además, hay una cuestión práctica: si se lograra suprimir algunos de ellos, los que queden en pie seguramente acabarían teniendo mayores beneficios e irían volviéndose mas atractivos. Estos territorios, lejos de desaparecer, siguen ahí y, de hecho, están más fuertes que nunca. Se estima que la suma total de dinero escondido en estas jurisdicciones que ofrecen una carga tributaria nula o baja en todo el mundo asciende a 21 billones de dólares, que equivaldría al PIB anual de EEUU y Japón juntos. Si el Estado pudiera controlar el dinero que algunos depositan en los paraísos fiscales se pondría fin no solo a las bandas de la delincuencia organizada, sino que se lograría también que se instaurara la justicia tributaria consiguiendo que, de una vez, pagaran más impuestos los que más dinero tienen y se acabaría o reduciría la corrupción. Las actividades ilegales que se realizan evadiendo capitales hacia los paraísos fiscales permiten que crezca la crisis financiera y que incida sobre la creación de empleo, pero es que, además, al tener estos territorios un régimen tributario especialmente favorable a los no residentes en los mismos, muchos ciudadanos y empresas se domicilian en los mismos, aún cuando no vivan allí.