Hablamos con orgullo del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) aun cuando desconocemos su alcance y los efectos de su falta de aplicación en el crecimiento y el empleo.
Cuando hablamos de la reserva para inversiones (RIC), se soflama el ambiente y el dedo acusador recorre a todo el que opina a favor como si tratáramos de encubrir una mala praxis. Y discrepo.
La RIC en Canarias dotó, en el año 2006, hasta 2.300 millones para inversión empresarial que nos llevaron, tras sucesivos años de bonanza económica, a una tasa de paro cercana al 10%. Hoy en día, apenas llega a 300 millones anuales, y ya pueden observar que la tasa de paro en Canarias ronda el 28%, así como los efectos que esta situación genera.
Los motivos son, en principio, una importante disminución de los beneficios empresariales. Y luego, y con la misma intensidad, la inseguridad jurídica y fiscal que las sucesivas reformas han generado entre los empresarios y profesionales, cuyos condicionantes, plazos y requisitos, lejos de simplificarla y hacerla más transparente, desaniman la inversión de los beneficios empresariales.
Hoy en día, las grandes consultoras y asesorías fiscales desaconsejan dotar la Reserva para inversiones, hasta tal punto que las bonificaciones para la producción audiovisual o la deducción por innovación en Canarias ya son una alternativa a la atracción de capital a Canarias, mucho más atractiva en una primera lectura, pues deduces tus impuestos en el mismo momento que liquidas los beneficios y no tienes obligación de inversión futura.
Un dato: la comentada reserva para inversiones en el año 2006 supuso en un año la dotación de 2.300 millones de euros. Más del doble de compromiso para invertir que todos los fondos europeos destinados a Canarias en 7 años, que alcanzarán los 1.100 millones de euros.
Alguien tendrá que velar por la cordura en esta situación y responder de una tasa de paro sin señalar, exclusivamente, a los empresarios.