El poder. Ninguno de los aspirantes al Gobierno, ni los nuevos partidos ni los viejos, identifica el poder de los gremios como responsable de la incapacidad de la sociedad española para adoptar los cambios que exige el momento. El triunfo del corporativismo frente a cualquier otra expresión de la democracia viene de herencia. Nuestra cruz son los gremios -y no solo en la política-, nuestra penitencia un esquema mental perfectamente adaptado a ese ecosistema y nuestro castigo el atasco socioeconómico y el desánimo de tantas miles de familias. Porque es fácil coincidir en el diagnóstico, incluso en las propuestas de la izquierda y la derecha, similares con apenas matices. En todos los casos, remedios inaplicables por similar motivo: los implicados no quieren.
La fidelidad. El gremio mima a sus miembros, los protege, o al menos eso pretende. Sindicatos, asociaciones empresariales o partidos políticos; organizaciones formales o colectivos cuyo vínculo es la defensa de una actividad o de un estatus: estibadores, médicos o vendedores ambulantes. Fidelidad al gremio sin fisuras, por necesidad de ser aceptados y convencidos de que la unión hace la fuerza. Fuerza ante quienes pretenden invadir su cuota de mercado o de influencia, incluso cuando la "agresión" viene impuesta por un avance tecnológico, la globalización o una nueva realidad social (como siempre ocurre). Los registradores quieren cobrar, aunque un único catastro electrónico sería mucho más eficaz para la gestión de la propiedad privada, los taxistas retrasan el tranvía hasta el aeropuerto para no perder clientes, los alcaldes ni se plantean la fusión de ayuntamientos porque ninguno quiere dejar de serlo. Conservar privilegios a toda costa aunque tal conducta colectiva comprometa el funcionamiento del sistema.
La comodidad. Un ejemplo: el 97% de los docentes cree que está bien preparado, sentencia José Antonio Marina, superexperto en la materia. Mientras, en Canarias, un cuarto de la población no ha terminado la educación obligatoria y el aprendizaje de una lengua extranjera sigue siendo una entelequia en la escuela pública, especialmente importante en una comunidad autónoma que crea miles de puestos de trabajo en el turismo, empleos que se cubren con profesionales que vienen de fuera. ¿Mejorar la educación? Sí, claro, pero ¿cómo reciclar a quien no quiere? Pensemos en cualquiera de los servicios públicos esenciales, en su correcto funcionamiento, ¿cuestión de presupuesto o de gestión a largo plazo? Y una última pregunta, ¿quién le pone el cascabel al gato, quién se enfrenta al gremio? El precio a pagar es altísimo y lo digo con conocimiento de causa.
La competencia. Queremos vivir en la economía de mercado, pero negamos uno de sus principios fundamentales y concluimos que el sistema no funciona, vaya trampa. Porque el equilibrio entre la oferta y la demanda funciona; está probado. Desde lo público basta fijar las reglas del juego, que sean claras, y luego inspeccionar y hacerlas cumplir. Y entonces, cuando la cosa marcha, para proteger el negocio, el gremio pide incentivos fiscales (qué bien) que distorsionan la competencia (vaya hombre) y a la larga producen efectos no deseados (ups, vaya, qué mal). Y entonces el gremio pide limitar la competencia y esa limitación conlleva una nueva distorsión (de mal en peor). Pensemos en las leyes del suelo o en el ocaso de la agricultura en Canarias, por debajo ya del 1% del PIB. Y lo preocupante es que no trasciende el origen del problema, porque no es suficiente resolver alguno de esos bucles: hay que llegar al fondo, fomentar la competencia real y sus mecanismos.
El futuro inmediato. Al final no creo que seamos capaces de zafarnos de la maldición de los gremios, al menos nosotros solos.
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