Pagamos casi lo mismo por el impuesto de la renta que por el IGIC. En ambos casos, aproximadamente, 1.500 millones de euros anuales por cada concepto. O lo que es lo mismo, pagamos por las rentas que ingresamos y también por el consumo que hacemos con lo que nos queda. Por eso tenemos siempre la sensación de que el esfuerzo fiscal que hacemos los trabajadores y empresarios de esta tierra es una cuesta de difícil superación.
Luego nos encontramos con las críticas a las horas extras que hacen algunas personas y lo sacan fuera de contexto pareciendo que 6,3 millones de horas extras son una barbaridad, y en realidad, comparado con las 1.500 millones de horas que trabajamos los canarios en un año, son solamente un 0,42%.
A algunos se les llena la boca alabando la labor de los empresarios en la creación y sostenimiento del empleo y luego van desgastando, a través del sesgo de la información enviada a los medios de comunicación, esa misma labor alarmando innecesariamente a la población. Si quieren reconocimiento deben labrárselo con sus éxitos y no ensuciando la labor de los demás.
Uno de esos embates viene desde algunos empleados públicos, que ganan en Canarias un 80% más que el de la empresa privada. La mayor brecha salarial de todas las comunidades autónomas en España.
Unos salarios que se pagan, mayoritariamente, con el esfuerzo fiscal de esos trabajadores y empresarios privados que luego asisten asombrados al hecho de que estos asalariados públicos cobran más que ellos comparándolos nivel a nivel.
En este país, ya no se trata de subir los impuestos o las entregas a cuenta al Estado, sino de zanjar los privilegios de salarios y gastos insostenibles e improductivos.