Hacía falta y, por fin, Canarias tiene un nuevo Plan de Salud. Se trata de un programa sólo para año y medio, pues está basado en datos estadísticos e informes que no permiten ir más allá en el tiempo. Pero, aún así, es buena noticia.

El Parlamento de Canarias aprobó esta semana, con el respaldo de todos los grupos políticos, el marco que define la atención pública sanitaria en las islas, y, aunque los trabajos previos se alargaron demasiado -duraron nada menos que tres legislaturas-, lo verdaderamente importante es que la iniciativa ya es una realidad.

El principal objetivo, así lo ha manifestado Agrupación Socialista Gomera (ASG) en repetidas ocasiones, debe ser asegurar la calidad, la universalidad y, por tanto, la igualdad de los servicios en todas las islas, lo que equivale a mejorar las dotaciones materiales y humanas en los centros de salud y hospitales de cada territorio.

Los residentes en El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura o La Graciosa deben contar con médicos especializados; los centros de salud tienen que estar equipados y sumar los profesionales o los dispositivos necesarios.

Es imprescindible también reducir las listas de espera, que en el primer trimestre de 2016 afectaban a 30.557 pacientes, y respecto a las que hay que tener presente, que, aunque ha habido una reducción del 2 por ciento, también ha aumentado el tiempo para que un ciudadano sea sometido a una intervención, y 11.104 pacientes llevan más de medio año esperando para ser operados en algún hospital de Canarias.

Conocer y afrontar la realidad es la única fórmula para avanzar, de ahí que en ASG, pese a sumarnos al respaldo parlamentario y aplaudir el nuevo Plan de Salud -como no podía ser de otra forma-, también nos posicionamos a favor de empezar desde ya mismo la redacción del III Plan Canario de Salud.

Se debe partir de información actualizada que asegure una vigencia suficiente para responder a todas las necesidades de nuestra sociedad, que son muchas. La efectividad del programa depende, además y muy especialmente, de una financiación adecuada, como también hemos advertido en sede parlamentaria.

Canarias ha sufrido una reducción muy grande de los recursos destinados a la Sanidad pública justo en un tiempo en el que han aumentado las necesidades. Se ha pasado de contar con 3.000 millones de euros en 2009 a 2.600 millones, en 2016.

Ha habido una disminución de 400 millones de euros durante los años más duros de la crisis y, por tanto, cuando las personas más requieren del respaldo de las instituciones y cuando más falta hacen unos servicios públicos fuertes.

Los ajustes presupuestarios impuestos por la realidad económica no debieron afectar de manera tan significativa a servicios tan esenciales como la atención sanitaria, pero el problema puede ser aún más grave. España no está libre de sufrir nuevos recortes impuestos por la Unión Europea, dado que nuestro país no ha cumplido con los objetivos del déficit.

Canarias sí ha cumplido, y el Gobierno autonómico debe ser fuerte para hacer valer ante el Ejecutivo que se forme en Madrid la buena marcha de nuestros índices económicos. Las islas no se merecen más recortes. Al contrario, tienen que recibir más del Estado.

Reclamemos un nuevo sistema de financiación para recibir al menos la inversión media que se destina al conjunto de las regiones y, en consecuencia, dejaremos de perder los 700 millones de euros que no se ingresan cada año, y que bien podrían servir para mejorar la sanidad, la educación y el conjunto de los servicios sociales.

*Diputado autonómico y presidente del Cabildo de La Gomera