Los profesionales de la biología en las islas valoramos positivamente la energía con la que emprendió el nuevo Gobierno de Canarias la nueva regulación de la Ley de Suelo. Sobre todo, el aire nuevo, que parecía indicar la voluntad de arreglar cuestiones que en el pasado fueron tabú. De hecho, valoramos positivamente el esfuerzo del Ejecutivo por reunirse con los distintos colectivos profesionales, y en particular con nuestro colegio.

Pero, muy a nuestro pesar, no vemos que se estén cumpliendo nuestras aspiraciones. Por ejemplo, una mejor regulación y protección de los espacios naturales. Todavía no se ha apreciado qué ventajas tiene incluir a los espacios naturales protegidos en la Ley de Suelo de Canarias, una regulación que es eminentemente urbanística donde se solapan figuras de protección propias de la regulación del territorio, pero impropias para la conservación, y que no satisface las demandas sobre la atención a la biodiversidad que necesita el archipiélago. Los biólogos creemos que, por analogía, se debe desarrollar la legislación básica del Estado en materia de conservación de la biodiversidad. Es muy importante una regulación clara de los hábitats y especies, que prime sobre la regulación urbanística. Debemos recordar que la regulación de los planes de ordenación de los recursos naturales es opaca e irrisoria en la comunidad autónoma canaria, a pesar de que la legislación de los recursos naturales está por encima de la regulación urbanística.

Este colegio comparte en gran parte las alegaciones presentadas al texto por la Fundación César Manrique, sobre todo lo relativo al nulo diagnóstico en el anteproyecto de la Ley del Suelo, como ha ocurrido con otras leyes similares de la comunidad autónoma. Los habitantes de estas islas tienen el derecho y el deber de opinar con mayor rigor sobre nuestro recurso estratégico. Pensamos que una buena participación pasa por ser lo más transparentes posible y quizá entonces la sociedad podrá opinar y contribuir de manera más eficaz al entorno.

Pero lo que pedimos ahora desde el COBCAN a nuestro presidente es abordar una serie de cuestiones pendientes en la legislación ambiental, necesarias para avanzar tanto en los derechos individuales como en el interés público de la conservación, y que han quedado aparcadas por los sucesivos ejecutivos canarios.

Se pone especial énfasis en el Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por España el 16 de noviembre, en el que se establece "la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida en la biosfera, afirmando que la conservación de la biodiversidad biológica es de interés común de toda la humanidad y con la preocupación por la considerable reducción de la diversidad biológica como consecuencia de determinadas actividades humanas". Pues bien, este colegio cree que es muy importante desarrollar la legislación relativa a diversidad biológica (Ley de Biodiversidad Canaria) y dotar de recursos a las políticas de conservación de hábitats y especies en peligro de desaparición y abordar las estrategias y planes, de los que sean partícipes en igualdad de condiciones todas las Islas.

En este sentido, hay un buen listado de cuestiones pendientes que afrontar, como la financiación a los cabildos y ayuntamientos para la gestión de los recursos naturales: Red Natura 2000, especies exóticas invasoras, planes de gestión de especies amenazadas, especialmente las costeras, donde existen más amenazas, etc. Estrategias de gestión de especies del Catálogo Español de Especies Exóticos Invasoras, tener modelos alternativos a las playas artificiales y más ecológicas, la regulación de la pesca y de la vida silvestre en el mar, modelos alternativos de vehículos en las administraciones públicas.

Es preciso también tener mayor conocimiento de los distintos componentes de la biodiversidad en Canarias aplicando las técnicas de la biología de la conservación, disciplina de síntesis que se ocupa de analizar las causas de la pérdida de la biodiversidad en todos sus niveles (genética, específica, poblacional y ecosistémica), estableciendo las medidas para minimizarla.

Curiosamente, Canarias, punto caliente de la diversidad silvestre mundial, sigue estando, sin embargo, ausente de estas políticas. Por lo que no deja de sorprendernos que se pidan mil millones de euros a la Unión Europea para mejorar la biodiversidad y esta no aparezca en la gestión.

En definitiva, desde el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias abogamos por que este tipo de decisiones tan importantes para Canarias se valoren desde un punto de vista multidisciplinar, mientras observamos que se elaboran documentos estratégicos y planes sin el conocimiento científico sobre la situación del "suelo" que sostiene nuestra biodiversidad, y con clara ausencia de diagnóstico alguno que acompañe las acciones que se proponen. De ese modo, la regulación es una mera declaración de intenciones, en ocasiones, alejada de la realidad ecológica, quizá útil para un debate teórico, pero escasamente pragmático.

Podemos añadir que la relación de puestos de trabajo (RPT) es un signo claro de un corporativismo de nuestras administraciones públicas altamente burocráticas, ejemplo de anclaje en estructuras antiguas que propician decisiones poco sopesadas y nada convenientes para nuestra evolución como sociedad. Este es el paradigma en una sociedad que, muy al contrario, necesita políticas de formación para la generación de un empleo verde que ofrezca un futuro a nuestros jóvenes.