En Canarias, después de quince años, se sigue en una permanente discusión sobre los instrumentos que son precisos para la ordenación del territorio y de las ciudades. Ese debate se circunscribe a leyes, reglamentos y planes urbanísticos, sin tener en cuenta que solo son herramientas para lograr un fin. La gran incógnita es la utilidad real de ese inmenso esfuerzo colectivo relacionado con el urbanismo.
Pero no se reflexiona sobre lo que se quiere hacer realmente con el territorio insular más allá de una vaga protección de los espacios naturales, en un extremo; y en el contrario, de facilitar la implantación indiscriminada de actividades económicas en cualquier lugar, Convendría recordar que la disciplina del urbanismo -antecedente de la ordenación del territorio- surgió a mediados del siglo XIX como un conjunto de herramientas dedicadas a lograr unas ciudades más armoniosas y habitables para todos. Debido a ello, París o Nueva York son lugares admirados que no han sido fruto de la casualidad, sino de una planificación urbanística aplicada a encauzar en beneficio común las apetencias de innumerables agentes públicos y privados.
Sin embargo, en este archipiélago se entiende el urbanismo de manera reductiva: solo como un conjunto de leyes y normas que garantizan un control exhaustivo del territorio. Y la planificación urbanística como una ampliación de la normativa a un mayor nivel de detalle, especialmente a nivel municipal. No importa la forma de los espacios públicos que vayan a realizarse o cuáles son los problemas de convivencia que se deban resolver y que afectan a los lugares que se viven.
En consecuencia, se ha ido generando una burocracia hipertrofiada que se despliega a múltiples niveles competenciales, dedicada exclusivamente a garantizar el control de legalidad de cualquier acción privada o pública sobre el suelo. Así, desde hace muchos años, se batalla para establecer el instrumento legal más adecuado para lidiar con los enfrentamientos y disparidad de criterios que sobre esta cuestión mantienen las distintas administraciones (estatales, regionales insulares y municipales).
Viene esta reflexión a cuento de la nueva reforma legislativa que va a iniciar su tramitación parlamentaria: el proyecto de Ley de Suelo presentado por el gobierno de Canarias a comienzos de este año. Y que evidencia con claridad la ausencia de un diagnóstico sobre cuáles son los problemas reales de orden espacial que realmente aquejan a nuestras ciudades y territorios insulares.
Por poner ejemplos, se puede señalar la grave obsolescencia de los cascos históricos, que está generando un abandono notable de la edificación antigua. Justo aquella que conserva la trazas de los modos de vida que nos identifican como canarios y que necesitan con urgencia una intervención de los poderes públicos para lograr su revitalización y rehabilitación. O también, el deterioro creciente de la edificación realizada en el último medio siglo. Una situación que hace imprescindible una actuación colectiva para controlar un posible colapso de algunos inmuebles.
Asimismo, los nuevos modelos de negocio que afectan a la edificación y los espacios urbanos están indicando la aparición de oportunidades insospechadas para la diversificación de la economía. Situaciones que deben analizarse y diagnosticarse para hacer los ajustes necesarios al objeto de lograr un mejor aprovechamiento colectivo. Es el caso de la expansión fulgurante de la vivienda vacacional destinada a acoger a una diversidad amplía de nuevos servicios que deberían estarse planificando y ordenando adecuadamente.
La cuestión esencial estriba en que, más allá de leyes y planes (que son solo normas administrativas), no existe una voluntad para actuar colectivamente y afrontar estas realidades, que permanecen ocultas bajo un manto de declaraciones y acontecimientos periodísticos. Mientras tanto, nuestros territorios insulares siguen deteriorándose paulatinamente, transformándose en lugares en los que escasean cosas esenciales. Como aceras y árboles por los que caminar a la sombra. Y que los responsables de lo común consideran accesorias porque siguen enredados en la búsqueda de la mejor norma administrativa aplicable.
*Profesor de la Universidad Europea de Canarias