No soy un ferviente partidario de la creación de leyes, sin una necesidad contrastada a priori y un compromiso de seguimiento y evaluación continua posterior que permitan, incluso, derogarlas si no cumplen con el objetivo para el que se crearon.
Al fin y al cabo, cuando no hay soluciones alternativas de gestión, son las razones imperiosas de interés público las que dan al Estado la opción de legislar para reparar un daño, el resto depende de la capacidad de gestión de sus recursos, o la oportunidad de distraer la problemática hacia el lugar que le conviene.
Descargar el tejido empresarial de unas cotizaciones desproporcionadas, contener la ineficiencia presupuestaria con un presupuesto en base cero, cancelar compromisos presupuestarios en políticas que no han cumplido con su cometido o que son manifiestamente ineficaces.
Algo tan sencillo como destinar más fondos a inversión pública que a gasto improductivo no necesita ley alguna. Igualmente se puede contener la contratación temporal pública con recursos públicos de empleo que deberían dirigirse única y exclusivamente a la creación de empleos fijos o para apuntalar la apuesta por crear nuevas empresas o ayudar a diversificar las existentes.
Si queremos apostar por la innovación, que se nos antoja imprescindible, debemos aceptar que se destruirá cierto empleo tradicional con la robótica, la inteligencia artificial y la concentración de servicios globales en línea, algo para lo que no estamos preparados y nos encomendamos a la necesidad de alta intensidad de mano de obra del turismo, el comercio y los servicios, que no será suficiente para dar empleo a todos los canarios.
Y para corroborar que no es necesario legislar por legislar para que la economía crezca, pese al bloqueo institucional que padecemos, observemos que la remuneración de los salarios están creciendo un 4% tanto por el incremento del empleo (3,2%) como del sueldo medio de los trabajadores (0,8%) en una economía que, si sigue creciendo este año, habremos alcanzado en 2016 la recuperación del mismo PIB de 2007. O sea que habremos recuperado la riqueza que teníamos antes de la crisis.
Eso sí, las bondades económicas del mercado como tipos bajos de interés, precio de las materias primas a la baja o la mejora del consumo y la inversión privadas no durarán para siempre y necesitaremos un presupuesto público eficiente.
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