El gato mojado recuerda el agua. Después de haberse revelado la sustracción de dinero en la empresa Sinpromi, el presidente del Cabildo y su equipo de gobierno tuvieron un importante mosqueo. Poner el asunto en manos de la Justicia resolvió el problema desde el punto de vista de responsabilidad administrativa, pero el daño causado al patrimonio -y a la imagen- era difícilmente reparable.

Así que en julio de este año, Carlos Alonso ordenó una auditoría externa de todas las empresas y áreas autónomas del Cabildo. Y no solo eso: pidió a los auditores el máximo nivel de exigencia. Dicho mal y pronto, le pasó una pulidora a todos los gestores de la corporación. Los resultados de la revisión exahustiva de cuentas revelaron que en la gestión del Recinto Ferial de Tenerife existía una grave irregularidad: la desaparición de unos 120.000 euros que apuntaban a un responsable en concreto de las cuentas. De forma inmediata, el gerente de la empresa se fue al juzgado para poner la correspondiente denuncia judicial. Esta misma semana fue cesado el propio gerente, no porque tenga ninguna implicación en los hechos, sino porque la desaparición de esos fondos se produjo en una empresa sobre la que él tenía una responsabilidad directa.

Todo este relato viene a cuento del curioso fenómeno que se produce en casos como este. El presidente del Cabildo ordena la auditoría externa, descubre el pastel, lo denuncia ante la Justicia y toma medidas -extremadamente duras- con quien tienen la responsabilidad directa. Y a pesar de ello, surgen voces airadas que claman al cielo por el desfalco detectado, por la gravedad de lo sustraído y por lo escandaloso del caso. Pero esos mismos alarmados críticos desconocían el hecho que se estaba produciendo. Y lo hubieran seguido desconociendo por tiempo indefinido si el Cabildo no hubiera encargado una revisión a fondo de las empresas y organismos autónomos. Luego hay mucho de fariseo en criticar a quienes han dado los pasos necesarios para detectar y sancionar conductas delictivas.

Lo único que cabe concluir es que existe una deficiencia importante en los propios órganos de control del Cabildo. La corporación insular debe tener ahora cinco mil y pico trabajadores en diferentes áreas. Es una gran corporación y, en términos de empleo, una de las empresas más importantes de las islas. Parece un hecho ya comprobado empíricamente que la descentralización en la gestión, que es buena en cuanto a dar mayor agilidad a las actividades y servicios públicos, tiene el peligro de que alguien pueda meter la mano en la lata del gofio y no pueda ser detectado hasta que ya ha pasado cierto tiempo. Así que tal vez no sea mala idea que o bien se refuercen los controles internos de gestión de todas esas áreas y organismos o bien se produzcan exigentes auditorías externas, realizadas por profesionales sin ninguna vinculación personal con el mundo funcionarial de la corporación insular.

Es una mala noticia que se haya cazado un fraude en el Recinto. Pero al mismo tiempo es una buena noticia que se haya descubierto debido al incremento de la vigilancia y el control de un Cabildo escarmentado.