Una de las mejores noticias que hemos recibido en cuanto a simplificación administrativa en Canarias es que la nueva ley del suelo conllevará la anulación de cuatro leyes anteriores que afectaban al territorio de las Islas.
Uno de los mayores problemas que tenemos que superar para cualquier iniciativa pública o privada es el exceso de legislación y burocracia administrativa con la que tenemos que lidiar a la hora de acometer un proyecto.
En España se aprobaron 884 nuevas normas estatales de distinto rango en 2015, lo que supone un incremento del 25% con respecto al año anterior, y 961.000 páginas publicadas en los Boletines Oficiales del Estado y Autonómicos, por lo que el número total de normas estatales aprobadas desde 1970 asciende a 41.000. En Canarias se aprobaron 16 leyes nuevas y se publicaron 35.000 páginas en el Boletín Oficial de Canarias. Y en toda la Unión Europea se adoptaron 2.000 reglamentos, directivas y decisiones para un total de legislación vigente que no llega a las 100.000 publicaciones para toda la Unión Europea.
Algo estamos haciendo mal y necesitamos una profunda reflexión para analizar el impacto negativo que esta falsa abundancia tiene sobre el crecimiento y el empleo, así como en el crecimiento potencial de la economía sumergida.
La OCDE apunta que "el peso de la economía sumergida parece parcialmente explicada por factores como la percepción de los empresarios sobre el sistema fiscal y por las trabas que las normas ponen a la creación de empresas en cada país, así como por el funcionamiento de la justicia y la seguridad jurídica entre otros factores".
Tenemos que modernizar la legislación actual y hacer un esfuerzo para derogar las normas obsoletas, contradictorias o ineficaces en el mismo acto que aprobamos las nuevas.
Tener que prever 961.000 páginas de normativa publicada en los Boletines Oficiales en un solo año, más que un reto es una garantía de fracaso.