Según la Real Academia Española, dislate es sinónimo de disparate, y precisamente con esta palabra la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas ha definido el plan de rehabilitación de viviendas del Gobierno de Canarias. A esta crítica, tenemos que sumar las realizadas por los Colegios de Administradores de Fincas y federaciones de la construcción que añaden más calificativos como burla al sentido común, colmo de la inoperancia o frustración.
Estas críticas parten tras conocer la decisión de la Consejería de Vivienda de convocar las subvenciones para la rehabilitación de edificios como del programa de apoyo a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) el mismo día y ofrecer sólo quince días para que los interesados puedan presentar toda la documentación.
Además del poco tiempo de maniobra para gestionar complejos procedimientos, el sector también reprocha que se pida como requisito para acceder a la subvención para la rehabilitación tener el IEE y publicar al mismo tiempo las ayudas para estos informes. Algo que no parece muy coherente y que pone de manifiesto una nefasta planificación.
Tuve la oportunidad de preguntarle por este tema a la Consejera de Vivienda, Patricia Hernández, en el pleno celebrado el pasado 26 de septiembre. No sólo me hice eco de las quejas de los interesados sino que además intenté hacerle ver a la responsable del área que estas ayudas no son sólo una garantía de seguridad para los inmuebles de nuestras Islas, sino que también son la mejor fórmula para generar empleo en el sector inmobiliario.
Desde el año 2007 se perdieron en el Archipiélago más de 50.000 puestos de trabajo ligados a la construcción, motivo más que suficiente para que el Gobierno de Canarias se replantee estas ayudas. Máximo teniendo en cuenta otro dato como el que nos indica que sólo el municipio de Santa Cruz de Tenerife se gasta anualmente unos 13 millones de euros en pagar y gestionar recursos sociales.
El año pasado la capital santacrucera pagó 16.000 ayudas, a lo que tenemos que añadir las ofrecidas por los otros 30 municipios, sin hablar de la Prestación Canaria de Inserción o las ayudas a parados de larga duración. ¿No creen que dedicaríamos menos dinero a estos programas de ayudas si, sencillamente, cumpliésemos con el artículo 30.15 de nuestro Estatuto de Autonomía y asumiéramos nuestras competencias regionales en materia de vivienda?
Yo les invito a reflexionar sobre nuestras cifras de desempleo, que siguen siendo las peores de España. Entre 2014 y 2015 dedicamos 42 millones de euros a planes de empleo sociales que solo dieron trabajo temporal a 7.000 personas, cuando en Canarias tenemos 240.000 parados. Está muy bien, pero solo ayuda a uno de cada treinta parados. Y todos volvieron de nuevo a su situación anterior de desempleo.
A cambio, nuestra Comunidad Autónoma apenas destina 7 millones para la rehabilitación de viviendas que hasta ahora sólo se ha usado para el parque público, precisamente por lo difícil que se le pone a las comunidades de propietarios o a los administradores de fincas acceder a esas ayudas para reformas, rehabilitaciones y renovaciones urbanas.
Lo que venimos proponiendo desde el Grupo Parlamentario Popular no sólo a este Gobierno, sino también al anterior, es que estamos de acuerdo en que hay que rehabilitar el parque público de vivienda, pero también facilitar la financiación preferente o las ayudas del Plan Nacional de Vivienda a cualquier vecino de cualquiera de nuestras ciudades para que pueda reformar su casa con cargo a estos fondos.
Tal y como le pedí a la consejera, espero que por el bien de todos vuelva a sentarse con el sector y estudie las propuestas que le han trasladado. Creo que todos los canarios nos merecemos que esas ayudas sean los más eficaces y eficientes posibles, no sólo por la seguridad de los edificios sino como un revulsivo para recuperar nuestro sector de la construcción.
*Vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular de Canarias