Él puede ser el estudiante que se hace preguntas. Quizá, el hijo del obrero que soñó con un futuro mejor que el de su padre en una sociedad que vende sus universidades públicas al postor del mercantilismo. Puede ser que haya sufrido la excusa de la crisis para que su comunidad autónoma se vea abocada a la subida de los precios de las matrículas, al mismo tiempo que recortaban los presupuestos educativos.

Sergio, María o Juan son algunos de los 4.000 estudiantes universitarios a los que denegaron la beca y apuraron sus escasas posibilidades compaginando trabajos precarios con la exigencia asistencial que aplica el Plan Bolonia: ahora, estudias o trabajas; debes elegir. El futuro lo marca un señor que rechaza o acepta la asignación, un hombre o una mujer que purgará el mañana en base a unos criterios que abren la brecha de la discordia y la desconfianza.

Algo falla cuando el 20% de los universitarios matriculados en centros de Canarias dejó sus estudios durante el primer curso académico; en solo un año, las universidades del Archipiélago perdieron un total de 1.300 alumnos. Al final, se impone siempre la tiranía de los más fuertes, aquellos que siguen desmantelando la universidad pública en beneficio de las otras convertidas en agencias de colocación. Las clases populares son las que abandonan la partida, las que sufren las consecuencias de un sistema edificado para el que se lo puede permitir, incluso, en algo tan sagrado e innegociable como la educación.

Lo han manifestado algunos profesores valientes en foros para salvar la universidad pública: el sistema de gestión y control no funciona y, por eso, nuestras universidades se encuentran en un estado muy mejorable; no se fomenta ni la docencia ni la investigación de calidad, por lo que la gestión debería ser más autónoma con la puesta en marcha de otros criterios distintos para alcanzar objetivos.

Para la etapa escolar, la que padecen los niños y los más jóvenes, la situación roza el salvajismo social. Según un informe de Save the Children, en los estudiantes de familias con mayores dificultades socioeconómicas se ha disparado la tasa de abandono desde 2008 hasta 2015. Es decir, esta ONG demuestra que el origen socioeconómico es ahora más determinante, y advierte de que el 43% los niños más pobre de la población española (20%) abandonó prematuramente sus estudios en 2015 frente al 20% de la tasa media española. Esta organización avisa que los recortes que ha sufrido el presupuesto de educación en los últimos años han tropezado en los estudiantes que se encuentran en peor situación. Además, la Lomce ha aumentado la inequidad.

Los estudiantes no cesan en su empeño de exigir una educación pública en condiciones, capaz de evitar la venta de la educación en el mercado de la procacidad. Los que para algunos son antisistema, conocidos como los alumnos de enseñanzas medias, secundaron hace unos días una jornada de huelga en rechazo a las pruebas finales o reválidas que estipula la Lomce. Al final, tarde o temprano se acaba imponiendo la tiranía de los más fuertes.

@LuisfeblesC