A los canarios se nos subvenciona la mitad del precio de los billetes aéreos por el resto de los ciudadanos españoles. Y nos parece poco. También el transporte de determinadas mercancías entre las Islas y la Península. Y para que la energía eléctrica cueste lo mismo que en el resto del país, el sistema eléctrico contempla un recargo en lo que pagan todos los consumidores que se destina a los territorios "extrapeninsulares" por importe de unos mil ochocientos millones cada año. Son sólo algunas líneas de ayuda.

Canarias lleva muchos años reivindicando la necesidad de que la España continental contemple la dificultad y el sobrecosto que se deriva de vivir en un archipiélago. Se trata de hacer comprender a los modernos gobernantes lo que se tenía bastante claro en la metrópoli desde el momento mismo de la conquista de las Islas y su posterior poblamiento por los nuevos colonos. Desde los Reyes Católicos hasta Bravo Murillo, las Islas Canarias fueron entendidas por Madrid como un hecho diferencial distinto y distante del Continente. Nuestras peculiaridades fueron capaces de sobrevivir incluso al feroz proceso de uniformización de la dictadura franquista, que terminó aceptando y permitiendo en 1972 la recuperación de parte de nuestras excepciones y libertades fiscales y aduaneras.

Tal vez por esta larga tradición sea más incomprensible el feroz centralismo que se practica en Canarias con sus propias islas. Eso que se denomina "pleito" es un proceso que ha embebido a las dos principales capitales en una lucha fratricida por el reparto exclusivo de los privilegios, las sedes y la financiación, a lo largo de décadas.

La sublevación que han comenzado las principales instituciones de Gran Canaria contra el Gobierno, por el reparto de los 120 millones de euros de la llamada "línea dos" del FDCAN, se basa en la defensa del principio poblacional. El Gobierno ha aprobado repartir esos 120 millones dándole la mitad a las dos grandes islas (Tenerife y Gran Canaria) y la otra mitad a las cinco islas restantes. Lo mismo para un millón ochocientas mil personas que para trescientas mil.

En cuanto se trata del reparto del dinero entre nosotros mismos, el argumento de la solidaridad se va a freír puñetas. Todo nuestro discurso de los sobrecostos de la insularidad se esfuma cuando se trata de que admitamos de los de la doble insularidad. Canarias tiene hoy tres islas "pobres" -La Palma, La Gomera y El Hierro- que no se engancharon del carro del turismo, que no han tenido un suficiente desarrollo de la planta alojativa, con una población que envejece y jóvenes que emigran para buscar trabajo fuera de su isla, provocando un lento goteo exportador de talento. Lanzarote y Fuerteventura han sido capaces en los últimos años de potenciar su sector turístico y comercial y se nota el crecimiento del comercio, los servicios y la renta. Pero hay que hacer un esfuerzo para que estas islas absorban parte del crecimiento poblacional futuro y den oportunidades de trabajo. No todo se puede seguir concentrando en Tenerife y Gran Canaria.

Canarias no pide al Estado sólo lo que le toca en función del 4,5% de la población española que vive en las islas. El criterio poblacional no vale cuando se trata de territorios excepcionales y situaciones singulares. La solidaridad trata, precisamente, de derivar recursos de los más favorecidos a los más necesitados, con independencia de cuántos sean unos y otros.

La guerra contra el reparto solidario del FDCAN primando a las islas "pobres" tiene cierta lógica desde el punto de vista del Cabildo de Gran Canaria, al que sólo importa los intereses de su isla. Pero resulta difícil de entender que el PSOE, como partido, se haya sumado a esa carajera. Hay muchos socialistas en las islas menores que han aplaudido con las orejas el gesto del Gobierno, que ha decidido hacer una pequeña apuesta por los más débiles. Y lo que es más importante, Tenerife se ha desmarcado, aprobando discriminación positiva de las islas menores en algunas líneas de financiación extraordinaria, como el nuevo FDCAN. ¿A dónde va el PSOE?

Los 7.300 millones de los presupuestos, repartidos con los criterios de siempre entre las islas, no han generado la menor tensión territorial. Pero por 120 millones del FDCAN (de los 160 del fondo) algunos amenazan con incendiar Canarias.

Si el argumento es que existe un exceso de solidaridad con las islas menores, es previsible un fiasco. La solidaridad nunca es excesiva, al contrario que el egoísmo. La política no se basa en las matemáticas, y esos nuevos tenderos avariciosos, que han desempolvado la calculadora para dividir en vez de multiplicar, terminarán más solos que la una. Los débiles ya no son tan débiles. Los más pobres ya están hartos de serlo. Y esto ya no es, como siempre fue, una comida en la que dos se lo reparten todo (sedes, universidades, poder) y cinco se comen las migajas. Aunque algunos todavía no lo hayan entendido.