Las Islas Canarias tienen el Parlamento menos democrático del mundo: un estudio reciente, con datos para 78 países, muestra que la mayor desproporción en la representación de los votantes se da en el Parlamento canario, y a continuación iría Tanzania. La desproporción en países como Zambia o Gambia ronda la mitad de la que sufre el Archipiélago. En las Islas, la diferencia en el valor del voto, entre las circunscripciones en que mayor y menor valor posee, es 1 a 17. La siguiente comunidad autónoma con mayor desproporción muestra una relación de 1 a 4.
En las últimas elecciones autonómicas el partido político más votado fue el segundo en escaños; el segundo partido más votado fue tercero en escaños y la tercera formación política más votada fue la primera en escaños. La ley electoral convirtió en ganadora a Coalición Canaria (CC), pese a que la ciudadanía la había colocado en tercer lugar. En un sistema completamente proporcional, CC habría necesitado 112.710 votos más para que su 30% de escaños se correspondiera con el 30% de los votantes. Pero a CC le bastó con el 17,9% de los votos (166.979) para hacerse con el 30% de la representación (18 escaños).
La legislación electoral canaria ha logrado algo contradictorio en sus propios términos: hacer metódica la arbitrariedad. Si seguimos analizando el resultado del último proceso electoral vemos cómo una formación política obtiene tres escaños con 5.090 votos y otra no logra acceder al Parlamento con 54.375 votos. En la circunscripción de Gran Canaria un partido obtiene 24.392 votos y un escaño, pero otra formación con 24.424 votos se queda sin escaño. No obstante, el récord Guinnes se batió en la circunscripción de Lanzarote en 1999: un partido obtiene cuatro escaños con 10.424 votos y, otro partido, con 10.314 votos, ninguno.
El desprecio a la representación proporcional es omnipresente: La Palma, con 82.346 habitantes, tiene asignados 8 escaños en el Parlamento de Canarias y Fuerteventura, con 107.367 residentes, tiene 7 escaños. El mundo al revés: cuenta con más representación quien cuenta con menos población. Sin embargo, esto se agrava al comparar islas capitalinas con no capitalinas: el 82,6% de la ciudadanía está representada por la mitad del Parlamento y el 17,3% restante por la otra mitad. Se sobrerrepresenta a las islas no capitalinas con el pretexto de superar desventajas sociales. Sin embargo, si imagináramos algo equivalente para el Congreso de los Diputados, se asignaría la mitad de los escaños a Andalucía, que pasaría de 61 escaños a 175, aduciendo que tiene la mayor cantidad de población empobrecida del país. Si Andalucía, con el 18% de la población del país, tuviera asignada la mitad del Congreso de los Diputados y las otras 16 comuni-dades autónomas, con el 82% restante de la población, contaran con la otra mitad del Congreso, habría una situación equivalente a la de Canarias. Y, por supuesto, ninguno de los parlamentarios que votó recientemente a favor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias votaría algo equivalente para el Congreso o para su comunidad autónoma. Es sorprendente que el caciquismo canario se fabrique en Madrid.
Las comunidades autónomas establecen barreras electorales para acceder a los parlamentos del 3% de los votos o del 5%. Canarias, la única con dos barreras, exige superar una de ellas para acceder a la Cámara autonómica. La barrera del 6% regional es la más alta de España y la del 30% insular es la más alta del mundo. Esta segunda barrera es tan alta que, en 2015, no la superaron ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni NC. Sólo la superaron CC en El Hierro y ASG en La Gomera. Esta barrera obliga a las formaciones insularistas a integrarse en Coalición Canaria si quieren obtener representación.
La Canarias de los déficits democráticos ha perdido puestos, en las últimas décadas, en el ranking autonómico del índice de desarrollo humano. Está en el grupo de regiones que lideran la desigualdad y el desempleo en la Unión Europea. Y es que, en el mundo real, los sistemas electorales más desproporcionados coinciden con la mayor desigualdad económica y Canarias no es la excepción. Torben Iversen y David Soskice mostraron, en un estudio para 17 países democráticos, en el período 1945-1998, que los sistemas electorales más proporcionales conviven con la menor desigualdad y los mayores derechos sociales.
En el Archipiélago, quienes defienden liberalizar el mercado exigen "proteccionismo" en materia electoral. Han logrado que haga falta una mayoría parlamentaria mayor para cambiar la ley electoral que el Estatuto de Autonomía. Es más, los representantes han prohibido a los representados presentar iniciativas legislativas populares para democratizar Canarias. Saben que más democracia supondrá, antes o después, legislación con efectos redistributivos y de mayor protección social. Y es que, en la democratización de Canarias, nos jugamos, por una parte, las cosas del comer y, por otra, la credibilidad democrática de un Estado que da cabida a un sistema electoral como el de Canarias
La democracia presupone reconocer la igual valía de cada ser humano y de ahí se deriva el reconocimiento mutuo de la igualdad de derechos. Hay que ser iguales ante las leyes y ante las urnas. Y todo lo que no sea acatamiento del principio de una persona un voto es componenda liberticida que, antes o después, implica que unos son más iguales que otros.
*Coordinador de Izquierda Unida Canaria y concejal en Santa Cruz de Tenerife