El Congreso de los Diputados ha funcionado como una cámara de los territorios. Las mayorías absolutas han coexistido con los pactos parlamentarios, en donde el peso de algunos grupos nacionalistas (las minorías catalanas y vascas sobre todo) negoció acuerdos financieros preferentes para sus territorios.

El artículo 158 de la Constitución española del 78 garantiza la suficiencia financiera de las comunidades autónomas españolas, cuyas transferencias se regulan a través de la LOFCA. Pero la realidad, como en tantas otras cosas, convierte la letra constitucional en papel mojado. El peso político de algunos territorios ha hecho que los ciudadanos españoles reciban distintos servicios en función del lugar donde residen.

En el año 2009, el presidente Rodríguez Zapatero quiso arreglar la carajera en la que se había convertido el Sistema de Financiación Autonómico, dotándose una serie de instrumentos -fondo de garantía, fondo de nivelación y fondo de suficiencia- para intentar corregir los desequilibrios existentes. Fue una iniciativa hecha con la mejor voluntad y el peor de los resultados. El sistema no sólo no se corrigió, sino que derivó hacia mayores desigualdades.

A Canarias se le prometió, por esas fechas, un famoso plan de 25.000 millones de euros en diez años. Como tantos otros acuerdos políticos, fue suscrito por un Gobierno y olvidado impunemente por el siguiente. Cuando llegó el primer ejecutivo de Rajoy, heredando una España en crisis, los recortes de Hacienda volatilizaron no sólo la financiación extraordinaria que se había prometido a las Islas; además se llevaron por delante la ordinaria; los convenios de carreteras, el de infraestructuras turísticas y las políticas activas de empleo.

La conferencia de presidentes que se celebra hoy en Madrid es un primer intento, después de muchos años, de abordar la financiación insuficiente de las Comunidades, que en lo que va de 2007 a 2013 recibieron 150.000 millones menos de sus necesidades reales de gasto. El Estado transfiere las obligaciones (los servicios sanitarios o educativos), pero no los costos reales del servicio. En ese contexto difícil, las reclamaciones de Canarias, que es la Comunidad peor financiada del Estado, corren peligro de diluirse en el mal de todos. Las Islas reciben 1.851 euros por habitante, a la cola de todos los territorios del Estado, que reciben de media 2.127 euros. Si nos comparamos con Cantabria, la mejor financiada con 2.779 euros, la distancia es estratosférica.

El presidente Clavijo ha escenificado la unión de todas las fuerzas políticas antes de irse a Madrid a partirse la cara con Hacienda y el resto de presidentes. Lo tiene difícil. Cataluña y País Vasco no van a sentarse a la misma mesa del resto de Comunidades, porque quieren imponer un diálogo bilateral con el Estado (de país a país, para entendernos). Y la voz de las Islas se va a escuchar en medio de un concierto de lamentos y reproches de muchas comunidades asfixiadas. A favor sólo tenemos dos cosas: la predisposición de Hacienda a mejorar nuestra financiación y el voto de la diputada Oramas, que tal vez sea imprescindible para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Son las dos únicas bazas que podemos jugar. Y a ver.