Las cunetas se lamentan en silencio. No se oyen, pero ahí están, en el mismo lugar donde las abandonaron hace 50 años en una mañana soleada o en una tarde de lluvia. El olvido ha sellado la justicia de aquellos que decidieron pensar, los que quisieron cambiar los fusiles por libros y las balas por rosas; siguen ahí, esperando que la diosa Justicia evoque su derecho al reconocimiento.

Fueron hombres y mujeres, abuelos, padres y madres a los que les tocó vivir una época donde la luz se apagaba en una parte de España mientras en la otra salía el sol. Sin vencedores ni vencidos, con la única patria del duelo entre hermanos. Se escribe hoy como el recuerdo de un mundo que pudo ser y no fue, latente, a los lados de una carretera, en fosas comunes y en sacos que se pierden en la inmensidad del mar.

Desde que acabó la Guerra Civil, más de 100.000 personas siguen olvidadas en fosas comunes, sin poder restituir la dignidad de los asesinados y sus familiares, aquellos que soportan que sus calles y plazas lleven el nombre de los verdugos. En Canarias más de 5.000 ciudadanos fueron torturados y asesinados, de un bando y del otro, porque la justicia debe ser universal y no someterse a juegos partidistas. La Ley de Memoria Histórica se ha convertido en un tótem, en un eufemismo que sirve para decorar la oratoria política; no se aplica, se vende cuando la situación lo requiere. Es en ese momento cuando las instituciones no cumplen con su papel, porque la memoria no da votos ni inaugura carreteras.

En Las Palmas, la intención de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo y del Foro Canario Víctimas del Franquismo es llevar al ayuntamiento a los tribunales si no exhuman los cuerpos que se encuentran dentro de la fosa del cementerio de Vegueta. Entienden que se está vulnerando la Ley de Memoria Histórica. Según el comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, en España "no existe ninguna estimación oficial del número de víctimas de desaparición forzada que genera la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura de Franco (1939-1975)".

Como para muestra un botón, en Guadalajara el Gobierno del PP, que lidera el conservador Antonio Román, pasó a las familias de las víctimas una factura de liquidación por los gastos correspondientes por la exhumación de los restos. Según los datos aportados por el periodicoclm.es, el Ayuntamiento de Guadalajara cobró a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) una tasa de 73,48 euros por cuerpo exhumado, así como otro impuesto de 63,69 euros por la inhumación de cada represaliado, algo que asciende a 1.396,12 euros si tenemos en cuenta que el consistorio solamente facturó en un primer momento la recuperación de diecinueve desaparecidos.

Una vez terminada la exhumación, el consistorio remitió una segunda factura a dicho colectivo con el importe de otros tres cuerpos más, puesto que en la fosa común se encontraron los restos de veintidós personas. Esta factura aún no ha sido abonada y asciende a 220,44 euros. Mientras tanto, entre desidia e incuria, las cunetas siguen lamentándose en silencio.

@LuisfeblesC