Unos servicios públicos de calidad son la garantía más efectiva para la igualdad de oportunidades y para la consecución de una sociedad más justa. La crisis política, económica y social, que arrancó a finales del año 2007, y las políticas de austeridad impuestas por el Gobierno de España afectaron de manera significativa a los tres pilares del Estado del Bienestar: Sanidad, Educación y Políticas Sociales.

En los últimos años, Canarias ha hecho frente a una coyuntura económica y presupuestaria difícil, debido a la merma de los recursos públicos disponibles y también a la insuficiente financiación del Estado, que coloca a las Islas muy por debajo de la media del resto de Comunidades Autónomas en financiación estatal por habitante.

A pesar de esa coyuntura económica adversa, y del consiguiente aumento de las demandas de protección social, el compromiso de Coalición Canaria con la cohesión social en el Archipiélago permitió mantener, desde el Gobierno, los servicios sociales y hacer frente a las necesidades básicas de la ciudadanía.

Se han garantizado los servicios públicos esenciales, la Educación y la Sanidad. Esta última ha mantenido su actividad en todas las instituciones sanitarias y, al contrario que otras Comunidades Autónomas, en Canarias no se cerró ningún dispositivo asistencial ni se privatizó ningún área de gestión sanitaria pública.

Esto fue posible gracias a una gestión económica y presupuestaria férrea y disciplinada, durante los últimos ocho años, que condujo a Canarias a cumplir con todos los objetivos de estabilidad presupuestaria. Una gestión eficaz, de la que ahora se recogen los frutos y que ha favorecido, en los dos últimos ejercicios, un incremento de los presupuestos canarios en las áreas sociales.

Pero esta situación ha de conducirnos a la reflexión acerca de cómo reorientar los servicios para garantizar su sostenibilidad y que no queden al albur de la coyuntura derivada de los cambios de ciclos económicos. La sostenibilidad de los servicios públicos requiere contar con unos ingresos públicos suficientes (por lo que no cejaremos en el empeño de reclamar una mejor financiación estatal) y, también, impulsar la mejora en la gestión.

Un sector público eficiente ha de procurar la racionalidad en la organización administrativa interna y la eficiencia en el gasto público, planificando con criterios de equidad y apostando por una administración pública, cada día más profesionalizada, que aproveche todas las herramientas que otorga el ordenamiento jurídico para la gestión de los servicios.

Una educación pública y un sistema sanitario público, gratuito y universal, son posibles tanto desde la gestión estrictamente pública como desde la gestión privada con fondos públicos. La educación que se imparte en un colegio concertado no deja de ser educación pública, como tampoco deja de ser sanidad pública la que se presta desde un centro concertado; siempre desde el respeto a los principios de complementariedad y subsidiariedad en los conciertos sanitarios. La fórmula de gestión tiene que ser transparente para la ciudadanía, para quien lo más importante, en el caso de la sanidad, es curarse y, en el caso de la educación, es que nuestra infancia y nuestros jóvenes reciban oportunidades para el futuro.

Por eso, garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a la educación en cualquiera de las Islas; consolidar y hacer sostenible el sistema público de sanidad universal y gratuito, y establecer unas políticas de protección social que vendrán reforzadas por una nueva ley canaria de servicios sociales que defina una cartera básica de derechos sociales es nuestra responsabilidad como nacionalistas.

Desde Coalición Canaria seguimos comprometidos con la defensa del Estado del Bienestar más sostenible, racional y equitativo que contribuya a una sociedad más justa y solidaria que proteja a los más débiles para el logro de la cohesión social de Canarias.

*Diputada autonómica