Según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Canarias ha crecido un 3,8% en el año 2016. Una buena noticia que mira de reojo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la financiación autonómica para apuntalar un crecimiento privado que se frenará en 2017, por las más que posibles alzas del petróleo y tipos de interés, al repunte de la morosidad y a la alta fiscalidad que padecemos por la insolidaridad y competencia desleal de la economía sumergida.
Los empresarios contribuimos al desarrollo de la sociedad canaria, pero necesitamos que la presión fiscal sea sostenible, bajando algunos impuestos y cotizaciones sociales que se modificaron temporalmente por el desplome de la recaudación fiscal en la crisis y que se están convirtiendo en permanentes.
El incremento de la recaudación del IGIC hasta 1.500 millones de euros anuales hacen conveniente reactivar la economía revisando todos los impuestos para que la política fiscal también incentive el consumo y el empleo.
En el Gobierno de Canarias están a la espera de que se incremente la financiación autonómica, que contribuye a alimentar el presupuesto público en materia de Sanidad, Educación o Asistencia Social, y ésta, a su vez, la condiciona el Estado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Demasiada incertidumbre que culminaría con la congelación de los desembolsos del Estado a Canarias pese a la mayor recaudación prevista y la bienvenida a la inflación, pues cuanto más aumenten los precios, más impuestos pagaremos todos en términos nominales.
Es el momento de la responsabilidad institucional, donde debe primar la estabilidad económica y política por encima de las conveniencias partidistas, pues debemos aprovechar la situación para crecer de manera sostenida empujando todos en la misma dirección.
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