Desde hace un tiempo se ha instalado la costumbre de vender la cabra antes de que exista como tal. Los políticos hacen anuncios rimbombantes de logros que se van a conseguir en breve plazo, creando una expectativa que es una preventa antes de la venta. En ocasiones sale bien y en otras es una chufla, como en el caso del anuncio de se iba a aumentar el límite exento para las compras electrónicas en las Islas hasta 150 euros.

Canarias tiene una fiscalidad indirecta propia, menor que la del resto de España. Y eso causa una serie de importantes trastornos a empresas que venden productos por internet que en muchas ocasiones excluyen a los residentes de las Islas de poder comprar porque no envían sus mercancías al Archipiélago.

El asunto es incomprensible. Si cualquiera de nosotros, los residentes canarios, va a la Península y se compra algo se lo puede traer a Canarias sin ningún problema. Si la compra es muy cara, tiene la opción de hacer un laborioso trámite que consiste en solicitar la devolución del IVA repercutido y en abonar el IGIC canario, con lo que sale ganando unas perritas.

Pero cuando compra por internet, el proceso se sumerge en la elaboración de un DUA, documento único administrativo, por el que se establece el precio del bien, los impuestos y los costes de aduana. Total, un tomate que obliga a tres millones de usuarios cada año a hacer un curso de despacho de aduanas por la compra de un bolígrafo o una funda para el móvil.

Cuando un bien se adquiere con una imposición fiscal mayor de la que le corresponde, no existe fraude alguno a la Hacienda pública, sino al bolsillo del contribuyente. Alemania no tiene la misma fiscalidad que España, pero el comercio entre ambos países funciona sin problema. Cuando la compra se realiza en Península, al residente canario le queda la opción voluntaria de solicitar la devolución entre lo que ha pagado allí de impuestos y lo que le habría tocado pagar aquí. Pero es una opción voluntaria, no obligada. Resulta altamente cuestionable que en el caso de hacerlo por internet se vea sometido a otro régimen distinto.

El problema es de quién se mete el dinero en el bolsillo, si la Hacienda central o la canaria. O lo que es lo mismo, es un problema de administraciones. Pero es un problema que repercute sobre la libertad de los consumidores de las Islas. Y mejor no hablemos del que quiera exportar algo fuera de las Islas. Arreglar la cuestión (hasta la modesta cifra de 150 euros) se ha remitido a unos supuestos informes de la Unión Europea, como si la relación fiscal entre un estado miembro y una de sus partes estuviera constreñida por los reglamentos transfronterizos. Caca de la vaca.

El aumento del comercio electrónico es imparable. La gente compra cada vez más por internet en el uso de su libertad para encontrar los mejores productos. Pero dos millones de presuntos españoles tendremos que seguir leyendo esa frase: "Envíos a toda España, excepto a las Islas Canarias".